Fernando Garea-EL CONFIDENCIAL

  • El Gobierno retrasa la reforma del delito de sedición, que podría ser aprobado antes de los comicios si son en primavera y permitiría que Junqueras participara en la campaña electoral
Si fuera así, incluso, haría que los líderes encarcelados, especialmente Oriol Junqueras (ERC), pudieran hacer campaña electoral, lo que cambia la cita de las urnas con respecto al plan previsto. ERC ha asegurado siempre que supone una traba evidente acudir a las urnas sin posibilidad de que dirigentes como Junqueras participen en los actos por estar en prisión, lo que los sitúa en inferioridad de condiciones respecto, por ejemplo, al PSC.
 Incluso, sería posible que el Parlamento aprobara la reforma del delito de sedición antes de la cita con las urnas y, por tanto, permitiría anular condenas al rebajar las penas previstas para esos hechos.En este momento, los indultos están en fase de petición de informes. Faltan los de la Abogacía del Estado y del Tribunal Supremo, que no estarán antes del 14 de febrero, por lo que ya era imposible que el Gobierno concediera las medidas de gracia antes de las elecciones catalanas.

Si los comicios se retrasan hasta mayo, cabe la posibilidad de que el Consejo de Ministros los apruebe antes. Pedro Sánchez ya ha dado a entender que es partidario de conceder los indultos, aunque sea en contra de los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Esa imposibilidad material desaparecería si se retrasan las elecciones, y todo quedaría sujeto a la voluntad del presidente del Gobierno y su estrategia electoral con Salvador Illa a la cabeza de la lista del PSC.
 La otra vía elegida por el Gobierno es la reforma del Código Penal para rebajar las penas para el delito de sedición. Esa reforma legal estaba prevista para final de año, pero el Gobierno la ha retrasado sin fecha.

Fuentes de la Moncloa explican que la reforma ya ha sido elaborada por el Ministerio de Justicia y tiene el visto bueno de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pero está a la espera de fijar la fecha para que el Consejo de Ministros la apruebe. En este momento, no hay previsión de cuándo puede ser.

 A partir de ahí, el Gobierno tendría que recabar los informes no vinculantes de Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, y remitirlo al Congreso y el Senado para su tramitación.
 Si las elecciones son el 14 de febrero, es imposible que la reforma se apruebe y, por tanto, que los condenados puedan ver reducida su condena y puedan salir de la cárcel a tiempo de participar en la campaña electoral. En cambio, si las elecciones se retrasan, hay posibilidades de que esté en vigor antes y se aplique a los condenados para que puedan participar en la campaña.