La jornada parlamentaria de este miércoles, 22 de abril, ha dejado al descubierto la naturaleza real de la alianza de PP y Vox, muy distinta desde luego a la que proclaman el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios.
Porque el Partido Popular rechazó ayer en el Congreso de los Diputados la moción de Vox sobre la «prioridad nacional» por considerarla inconstitucional, después de que sus barones regionales sellaran acuerdos en Aragón y Extremadura que incluyen, precisamente, ese mismo concepto.
¿Cuál es la explicación de esta aparente incoherencia?
No se trata de un cambio de paradigma en la gestión de los servicios públicos, sino de una operación de cosmética política: el PP ha conseguido apuntalar su poder autonómico entregando a sus socios un eslogan tan sonoro como jurídicamente vacío.
Es imperativo, por supuesto, que una fuerza de centroderecha liberal como el PP denuncie el desorden migratorio. Las políticas de «puertas abiertas», las regularizaciones masivas y el descontrol en las fronteras erosionan la seguridad jurídica y la sostenibilidad de un Estado de bienestar que no puede ser infinito.
Sin embargo, la respuesta al caos del Gobierno de Pedro Sánchez no puede ser el repliegue identitario ni la resurrección de un derecho de sangre ajeno a nuestra tradición democrática. La «prioridad nacional» que exige Vox, basada en la exclusión del extranjero por el mero hecho de serlo, choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución y el marco de derechos de la Unión Europea.
El precedente más claro de este espejismo lo encontramos en la Comunidad Valenciana.
Hace apenas un año, se aprobó con gran estruendo mediático una norma de «prioridad nacional» para ayudas sociales que hoy es, a todas luces, papel mojado. Como ha explicado EL ESPAÑOL, la ley ha sido incapaz de superar el filtro de los tribunales y la realidad administrativa: no se puede denegar una ayuda de emergencia a un residente legal basándose únicamente en su pasaporte.
El PP lo sabe, pero ha permitido que Vox agite esa bandera a cambio de la estabilidad de sus gobiernos.
Frente a la retórica de la exclusión, la administración española ya cuenta con herramientas eficaces como el concepto de arraigo.
Este mecanismo, plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico, permite la regularización y el acceso a servicios basándose en la permanencia, la integración social y la contribución previa. Comunidades como Madrid o Andalucía ya aplican baremos de residencia (exigir, por ejemplo, años de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida) que priman a quien lleva tiempo aportando al sistema.
Esto es gestión; lo de Vox es, en palabras del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, una «hipérbole» y «literatura política» que no resuelven los problemas de fondo.
Lo que resulta verdaderamente revelador es el bajo precio que el Partido Popular está pagando por estos pactos. Si analizamos las anteriores elecciones autonómicas y las recientes investiduras en Extremadura o Aragón, observamos que el PP ha logrado retener la gestión presupuestaria y las competencias clave a cambio de concesiones puramente retóricas.
Vox se conforma así con el titular sobre la «prioridad nacional» o la «reemigración», términos que el PP se encarga de neutralizar en la redacción final de los decretos con la coletilla «dentro de la legalidad vigente».
La comparación con el bloque gubernamental resulta inevitable y sangrante. Para mantenerse en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez ha pagado un peaje institucional sin precedentes: la entrega de una amnistía a medida para líderes separatistas, la reforma del Código Penal para beneficiar a malversadores, la liberación de presos de ETA y la aprobación de leyes ideológicas (como la Ley Trans o la del «sólo sí es sí») que han fracturado incluso a su propio electorado.
En este tablero de intercambios, el contraste es absoluto. Si al actual presidente del Gobierno se le ha permitido sostener, en sus pactos con fuerzas extremistas y antisistema, que «París bien vale una misa», en el caso de la derecha lo que presenciamos es algo mucho más económico.
Para el PP de Alberto Núñez Feijóo y sus barones, el acceso a los gobiernos autonómicos ha demostrado que París bien vale una leve inclinación de cabeza al pasar frente al altar.
Vox obtiene el ruido; el PP, las nueces.
Pero el riesgo de esta estrategia es evidente: jugar con conceptos que rozan la inconstitucionalidad termina por degradar el lenguaje de una alternativa que debería ser, ante todo, seria, rigurosa y fiel al Estado de derecho. Sería conveniente, por tanto, que el lenguaje público de la política se correspondiera con el que luego firman los partidos en privado. El relato no puede opacar por completo la realidad.