En el PP nadie duda de que el Comité Ejecutivo Nacional que se reunirá el miércoles dará un sí unánime al pacto. Incluso señalan que la disposición será tal que Rajoy ofrecerá a Rivera abundar en el compromiso con vistas a llegar a un pacto de legislatura, algo que de antemano Ciudadanos dice descartar. No obstante, los populares se pertrechan de argumentos para puntualizar y aclarar los seis puntos que sólo han sido enunciados por el partido naranja.
Rivera dice que si él fuera Rajoy habría convocado a la Ejecutiva de manera inmediata porque lo que está sobre la mesa no es un documento de cientos de páginas sino una escueta sucesión de puntos que cualquier demócrata firmaría. Pero el líder del PP es diferente. Precisamente la concisión de las propuestas es lo que le induce a desmenuzarlas para valorar sus derivadas y consecuencias.
A estudiarlas y desmembrarlas se dedicarán este puente en los despachos de Génova y Moncloa a fin de dar respuesta a cualquier duda que se presente en el Comité Ejecutivo y para que Rajoy, como exige Rivera, plasme su firma sobre un compromiso que no deje cabos sueltos.
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, cree que el análisis se prolongará hasta el miércoles porque «no se trata sencillamente de pactar y firmar algo». En el mismo sentido la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, dice que «los puntos son perfectamente asumibles pero necesitan ser abordados con más detalle. Hay que enriquecerlos y darles más forma y fondo».
El candidato del PP ha pedido precisiones sobre todas las condiciones y principalmente sobre tres: la «separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política»; la «eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos» y la que pone sobre la mesa una nueva Ley electoral que incremente la proporcionalidad, establezca las listas desbloqueadas y suprima el llamado voto rogado de los españoles que residen en el extranjero.
El primero de estos puntos, explican en el PP, debe ser abordado con cautela para «evitar que las listas electorales las hagan los jueces». Los populares siempre han preferido apartar a los cargos cuando se les abre juicio oral, es decir, cuando existe un escrito formal de acusación. La fórmula que propone C’s podría, señalan, no sólo contravenir el principio de presunción de inocencia sino, además, convertirse en un arma de doble filo porque una imputación puede ser provocada sencillamente por un denunciante malintencionado y el juez puede decidirla basándose sólo en un atestado policial.
Respecto a la eliminación de los aforamientos las puntualizaciones son múltiples. En principio, explican las fuentes, sería necesario proceder a una reforma de la Constitución, en concreto de los artículos 71 y 102 según los cuales los diputados y senadores «no podrán ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva» y, en el caso de los miembros del Gobierno sólo podrán serlo por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El PP se muestra conforme con la idea de reducir los aforamientos, que en España afectan a varios miles de personas, pero cuidando de evitar los abusos respecto a determinados cargos, al menos, en el ejercicio de su labor parlamentaria, gubernamental o judicial, siguiendo el modelo que se aplica en otros países de la Unión Europea. Si el hecho que se imputa a un representante de la soberanía o a un miembro del Ejecutivo se refiere a la vida cotidiana el aforamiento podría estar de más; no así si la querella o denuncia se refiere a su actividad parlamentaria o gubernamental que podría verse torpedeada recurrentemente a base de falsedades.
En todo caso, el hecho de que este punto necesite de cambios en la Carta Magna, aun cuando no sea una de sus partes blindadas, requeriría de una mayoría más amplia que la que suman por sí solos PP y Ciudadanos. Puestos a retocar la Constitución, argumentan desde el PP, quizá merezca la pena pensar en un proyecto más ambicioso «con un consenso amplio, que incluyera al PSOE, y con los objetivos bien definidos».
Lo mismo sucede respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que preconiza Rivera. En este caso, las exigencias son varias. Para llevarlas a cabo se necesita del apoyo del PSOE, no basta sólo con el compromiso del PP. Los populares desean que C’s precise si el modelo que propugna es el de listas abiertas o listas desbloqueadas porque, recalcan, «no es lo mismo».
En el primer caso, los votantes pueden elaborar su propia candidatura mezclando nombres de distintos partidos como sucede en la actualidad con el Senado; la segunda opción, sin embargo, implica sólo poder cambiar de posición a los miembros de una lista previamente elaborada por el partido.
También suscita dudas la petición de suprimir, sin propuesta alternativa, el llamado voto rogado. El PP se muestra a favor de cambiar un sistema que resulta «engorroso» y «desincentivador», pero también afirman que es imprescindible acordar una fórmula que combine adecuadamente «seguridad y facilidad para ejercer el derecho de sufragio».
En Génova explican que el voto rogado se puso en marcha tras comprobar múltiples casos de fraude electoral en el voto exterior utilizando documentos de identidad falsos. Añaden, además, la necesidad de considerar, especialmente en lo que respecta a las elecciones autonómicas, que a la hora de elegir al gobierno propio «debería primar la decisión de los residentes».
La condición que se refiere a la limitación de mandatos –ocho años o dos legislaturas– no suscita inconvenientes de calado, y tampoco la exigencia de no conceder indultos a condenados por corrupción, algo que nunca ha hecho el Gobierno de Rajoy. Tampoco plantea problemas, dicen en el PP, la creación de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. En la pasada legislatura ya se aprobó «por unanimidad», recuerdan, crear una comisión sobre los casos de corrupción. Los populares admiten además que, dado que carecen de mayoría suficiente, el resto de partidos conseguiría en cualquier caso su puesta en marcha.