EL CORREO 19/05/14
· Los populares quieren tomar la iniciativa en el foro parlamentario y buscarán la implicación del Gobierno central en el debate del nuevo estatus
Esa posición supondrá una novedad de indudable calado en el discurso de los populares vascos, que hasta ahora siempre han defendido la vigencia y las bondades de la ley orgánica aprobada en 1979 como punto de encuentro y garantía de convivencia, pero no han hecho bandera de la exigencia de los traspasos pendientes, un estandarte que ha portado siempre Sabin Etxea y que le ha servido, además, para arrancar transferencias a los sucesivos Gobiernos centrales en apuros parlamentarios.
No obstante, los populares, sabedores de que los nacionalistas usarán como munición retórica los sucesivos incumplimientos y laminaciones del Estatuto, bien sea por materias sin transferir, leyes orgánicas o sentencias del Constitucional, modularán su posición para ganar en protagonismo y coherencia. El mensaje no es baladí, pues quedan pendientes dos competencias de calado: las cotizaciones a la Seguridad Social –nunca traspasadas para no romper la ‘caja única’– y la gestión de las prisiones, un terreno algo menos problemático tras el cese de la violencia de ETA.
No será el único frente dialéctico que explore el PP vasco en el debate parlamentario, en un esfuerzo para evitar quedar desdibujado o que su posición se interprete como irrelevante en una ponencia que ha arrancado gracias al acuerdo entre el PNV y el PSE para «actualizar» el autogobierno de acuerdo a los «procedimientos legales», pero sobre la que planea, en todo momento, la cuestión del derecho a decidir. El portavoz jeltzale en el foro, Joseba Egibar, la considera troncal, igual que EH Bildu, y se volverá candente en los próximos meses con iniciativas como la cadena humana organizada para el próximo 8 de junio por Gure esku dago o los referendos previstos en Escocia y Cataluña.
En ese contexto, la formación popular, que lucha por no quedar arrinconada tras la convulsa ratificación del liderazgo de Quiroga y en medio de una aparente caída libre de las opciones no nacionalistas, trabajará para lograr la «implicación decidida» del Gobierno central y de su presidente, Mariano Rajoy, en el debate. Pretende evitar así que, como ha sucedido en Cataluña, el Ejecutivo permanezca más o menos pasivo hasta el momento de enfrentarse a los hechos consumados.
Cinco informes
La idea es aportar datos, argumentos y contenidos a la discusión. Los primeros pasos están dados: el PP cuenta ya con el compromiso verbal del Ejecutivo central de elaborar cinco informes que se someterán a debate en el seno de la ponencia, tres de ellos centrados en el grado de desarrollo estatutario y las cotas de autonomía de las que disfruta Euskadi, y otros dos en las consecuencias que tendría para el País Vasco declarar su independencia. En concreto, el PP pide un análilsis sobre el desarrollo del marco vigente y las transferencias pendientes, la «viabilidad» de un sistema vasco de Seguridad Social «al margen» del europeo y el nivel competencial de Euskadi desde la perspectiva del Derecho comparado en el ámbito de la UE.
También demanda al Ejecutivo de Rajoy que evalúe el coste económico de una hipotética independencia y que exponga sus previsiones sobre la eventual «posición» del País Vasco en la UE en caso de secesión. La Comisión Europea se ha pronunciado ya sobre Cataluña y ha advertido que, en caso de desgajarse de España, debería ponerse a la cola para solicitar su reingreso en el club comunitario.
Al hincar directamente el diente a la cuestión de la ruptura con España, los populares intentan elevar el tono del debate por encima de los márgenes acotados. Lo hacen no solo para descolocar a los jeltzales –Egibar se ha felicitado, irónicamente, de que el PP vaya más lejos que su propio partido– sino también para evitar descafeinar el debate, colocar alto el listón desde el inicio y propiciar, en alguna medida, una posición moderada y conciliadora del lehendakari Urkullu frente a discursos más soberanistas de otros sectores de su partido. «Eso no es bueno solo para nosotros desde el punto de vista partidista, es bueno para el país», inciden. Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a demandar una relación bilateral entre Euskadi y España con garantías mutuas de cumplimiento y a insinuar un modelo confederal –o federal al estilo suizo o estadounidense– sin más detalles.
En todo caso, y a pesar de que se ha constituido una ponencia en paralelo para explorar la posible reforma del entramado institucional vasco, el PP quiere introducir también en la de autogobierno el análisis ‘hacia dentro’ del modelo vasco, con especial énfasis en el municipalismo y en el reparto competencial regulado en la LTH. Para intentar abrir ese ‘melón’ ha llamado al diputado general de Álava, Javier de Andrés, y a su predecesor Ramón Rabanera, así como al alcalde de Vitoria, Javier Maroto.