EL MUNDO 23/10/13
· La Faes de Aznar ve en el fallo una «herencia indeseable» de la «negociación» con ETA.
La movilización anunciada por las víctimas del terrorismo para este domingo ha colocado la pelota de la protesta en el tejado del PP. Dividido entre su tradicional vocación de alineamiento con las víctimas y su «responsabilidad» en el respeto al Estado de Derecho, el partido afronta con incomodidad un envite que le obliga a retratarse. Apoyar la protesta por la sentencia de Estrasburgo y la excarcelación de la etarra Inés del Río, dar libertad de asistencia o hacer oídos sordos: cualquiera de las tres opciones coloca a la cúpula del PP ante el espejo de su Historia y de su presente como partido del Gobierno.
«Su cabreo es el nuestro, pero habrá que ver cómo enfocan la movilización», declaró ayer a este diario el secretario de Justicia y Libertades Públicas, Iñaki Oyarzábal, tras mantener una larga conversación con la líder de la AVT, Ángeles Pedraza.
Así, si la concentración es de mera protesta, los populares parecen muy proclives a sumarse, en mayor o menor medida. Porque desde el ministro del Interior hasta las bases del partido, la contrariedad es visible y general. Y nadie tiene inconveniente en cargar con las culpas a los gobiernos del PSOE. Desde la secretaria general –quien trasladó ayer a sus senadores la «repulsa» del partido por la excarcelación, pero subrayó que «fue el PP quien hizo las reformas del Código Penal»–, hasta el secretario general de Faes –y número dos de José María Aznar en la fundación–, Javier Zarzalejos, quien cargó contra el magistrado socialista Luis López Guerra y vio en la sentencia una «herencia indeseable» de la «negociación política» entre el Gobierno de Zapatero y ETA. La propia alcaldesa de Madrid, Ana Botella, compitió con la indignación de las víctimas al declarar: «Hay veces que el Derecho no coincide con la Justicia».
Pero los populares se decían ayer plenamente conscientes de que la indignación ciudadana puede volverse el domingo contra el propio Ejecutivo de Rajoy. Explicaban que las víctimas están indignadas por la celeridad de la Audiencia Nacional en la ejecución de la sentencia, y les culpan a ellos y al Gobierno de no haber parado, al menos por unos días, las prisas de los jueces. Por su parte, los populares sostienen que nada pueden hacer contra las decisiones de la Justicia y que es a ésta a quien compete administrar los tiempos. Así lo transmitió la propia Cospedal al defender, en todo caso, que «el Gobierno tiene que acatar las sentencias» y que «esto es un Estado de Derecho».
«Ellos verán lo que tienen que hacer», explicaba Oyarzábal en relación con la movilización de las víctimas, «pero lo que ahora toca es tener la responsabilidad de recomponerse, de confiar en el Estado de Derecho y de no insuflar ánimos a los terroristas, sino decirles que con Parot o sin Parot, vamos a ir a por ellos».
Sea como sea, nadie en el PP se siente políticamente comprometido por el fallo. «Se ha hecho todo lo que se podía hacer», añadía Oyarzábal, recordando la satisfacción de la AVT por la actuación de la Abogacía del Estado. A ella se unieron además otras gestiones, como la realizada en Bruselas por el presidente del Congreso, Jesús Posada, comandado por el ministro del Interior. El propio Zarzalejos exculpó ayer al Gobierno y achacó la «pasividad» a «las sucesivas mayorías parlamentarias socialistas desde 1982, apoyadas por los nacionalistas».
EL MUNDO 23/10/13