Pero la realidad es hoy muy diferente en España. A pesar de que las okupaciones están configuradas como delito en el Código Penal (en forma de usurpación o de allanamiento de morada), estas pueden prolongarse incluso dos años hasta el desalojo del delincuente.

Dos años en los que la ley y los tribunales obligan al propietario a pagar los suministros (agua, luz y por supuesto los impuestos y las tasas correspondientes) a sus okupas, además de impedirle el acceso a su propia vivienda.

No es tampoco raro que los okupas sólo abandonen las propiedades tras haberlas destrozado y a cambio de un cuantioso pago de los propietarios, que prefieren solucionar el problema por la vía rápida antes que peregrinar por un penoso proceso judicial y burocrático cuya filosofía es la de que el okupa es siempre y en toda circunstancia una víctima sin recursos cuyo derecho a la vivienda prevalece sobre el derecho a la propiedad privada del propietario.

Tolerancia con la okupación

Esa tolerancia, promovida y tolerada de forma más o menos abierta por los partidos de izquierdas y las formaciones nacionalistas, ha hecho que las denuncias por okupación se incrementaran un 40% entre 2015 y 2019. En 2017, el Institut Cerdà calculó en 87.500 las viviendas okupadas en toda España.

Sólo en Cataluña, la comunidad más tolerante con la okupación, hay 4.500 viviendas okupadas, una de cada 1.000. Pero el número puede ser mucho mayor, dado el carácter clandestino de las okupaciones y la evidencia de que muchos propietarios prefieren pagar a los delincuentes antes que recurrir a un sistema burocrático y judicial que se percibe como más respetuoso con el okupa que con el propietario de la vivienda.

Desalojo en 24 horas

El Grupo Parlamentario Popular, que esquivó el problema durante la presidencia de Mariano Rajoy, ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley orgánica contra la okupación ilegal y para la convivencia vecinal. Algo que le permite anclarse todavía con mayor firmeza en ese espacio central del escenario político que el PSOE ha abandonado voluntariamente en este y en otros asuntos.

La propuesta popular prevé la celebración de juicios rápidos para el desalojo de los okupas, permite a la policía actuar de forma inmediata si el delito es flagrante y endurece las penas para las mafias de la okupación hasta los ocho años de cárcel.

La ley prevé además que el okupa sea desalojado en un plazo de apenas 24 horas. Si en ese plazo de tiempo el okupa no ha sido capaz de presentar algún documento que demuestre su derecho a ocupar la vivienda, «la autoridad pública o sus agentes procederán al lanzamiento inmediato».

El texto propone además elevar a entre 6 y 18 meses de prisión la pena para quien okupe una vivienda contra la voluntad de su propietario (ahora la pena es de 3 a 6 meses). Si el okupa devuelve el inmueble a su propietario en menos de 48 horas, la pena sería conmutada por una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad.

Sentido común

El plan, que incluye otras medidas contra las mafias y en favor de los propietarios y los vecinos de las propiedades okupadas, como la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y del impuesto de patrimonio mientras dure la okupación, es un paso adelante cuya principal virtud es la de tratar el problema desde una elemental posición de sentido común: la de que el okupa no puede permanecer en la vivienda, sostenido económicamente por el propietario, mientras la Justicia y las Administraciones competentes demoran hasta el absurdo el lanzamiento del delincuente, muchas veces asesorado legalmente por mafias y «sindicatos» de la okupación.

Por supuesto, la realidad de la falta de vivienda de protección social suficiente para todas aquellas personas que no pueden permitirse pagar un alquiler en el mercado libre sigue existiendo, aunque esta sea sólo una pequeña parte del fenómeno de la okupación.

Pero el Estado no puede cargar sobre las espaldas de los propietarios privados la solución a un problema que le corresponde a él y sólo a él. Acabar con este absurdo, impropio de una nación occidental con un Estado de derecho funcional y respetuoso de la propiedad privada, debería ser una prioridad también para el PSOE.