El PP vasco ha trasladado ya verbalmente tanto al lehendakari, Patxi López, como al consejero de Interior, Rodolfo Ares, su petición de que se aplace al menos hasta final de año la prevista reducción de escoltas, tanto a los concejales socialistas y populares de las recién constituidas corporaciones como a exediles.
Desde que trascendió la intención del Ejecutivo autónomo de rebajar el nivel de protección, el PP ha trasladado tanto al Gobierno vasco, del que es socio preferente, como a la Secretaría de Estado para la Seguridad su oposición a la medida. Los populares defienden que no se pueden tomar decisiones precipitadas mientras la amenaza de ETA siga latente, aunque se encuentre en tregua, y, en particular, que no pueden adoptarse medidas de reducción de forma generalizada solo por razones económicas. «Hay que analizar muy en detalle caso por caso, persona por persona, las situaciones concretas», sostiene un dirigente popular.
La preocupación que entre cargos públicos populares, especialmente en pequeñas localidades, levantó el conocer los planes que manejaban conjuntamente el Departamento vasco y el Ministerio del Interior se ha acrecentado tras los incidentes registrados el pasado sábado. Concejales del PP en las localidades vizcaínas de Elorrio y Basauri fueron insultados, acosados y en algunos casos amenazados por simpatizantes de Bildu. En la primera población le sucedió lo mismo a ediles del PNV.
Un concejal del PP en un importante Ayuntamiento vasco reconocía ayer a EL PAÍS que seguía manteniendo sus dos escoltas, porque son agentes de la correspondiente Policía Municipal, pero uno de sus compañeros, que llega por primera vez al consistorio, ya contará con solo un guardaespaldas.
Sin esperar a ofrecer una respuesta al PP, la merma de escoltas ha comenzado a aplicarse ya a los representantes socialistas y populares de las nuevas corporaciones. El planteamiento inicial contempla reducir a uno los dos guardaespaldas que hasta la fecha han disfrutado en el País Vasco los ediles de estas formaciones, así como la retirada de los que hasta ahora prestaban sus servicios a exconcejales. La medida, en cualquier caso, no se aplicará de forma uniforme, sino que se adaptará a cada caso, tras un estudio pormenorizado de riesgo para los afectados. El propio lehendakari, Patxi López, aseguró ayer en la SER que la decisión se ha basado en informes de expertos y no en criterios políticos o presupuestarios, como la actual tregua de ETA o la crisis económica.
La reducción prevista dejará en paro a unos 300 escoltas, una décima parte de los 3.000 que se estima que trabajan entre Euskadi y Navarra.
EL PAÍS, 14/6/2011