Murcia es la partícula acelerante de los debates políticos que se aplazan o adormecen en el Congreso de los Diputados. Propuestas que duermen en cajones se reactivan en esta comunidad. El caso de la limitación de la acusación popular para los partidos políticos es un claro ejemplo. El PP lo pone sobre la mesa como contrapartida para aceptar la supresión de aforamientos que Ciudadanos considera condición «innegociable» para apoyar un nuevo gobierno popular en esta comunidad. Exige eliminar este «privilegio anacrónico» para los 45 diputados autonómicos y los miembros del Gobierno regional. Quiere que el PP «se moje» votando a favor de ellos en un Pleno de la Asamblea de Murcia antes del de investidura de Fernando López Miras, el nuevo candidato del PP, tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, al que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, pide imputar por el caso Púnica por tres delitos y que ya está siendo investigado en el caso Auditorio. Al estar aforado, Sánchez sólo puede ser encausado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia –en el caso de diputados y senadores nacionales, que también están aforados, sólo es competente el Tribunal Supremo–.
«Ese riesgo a la hora de eliminar determinados aforamientos tiene que ir vinculado a la limitación de la utilización de la Justicia por parte de determinados partidos políticos», expuso Víctor Martínez, portavoz del PP en Murcia. Como trasfondo de su petición, está la actuación de PSOE y Podemos que, considera, han ejercido la acusación popular contra el PP para «intentar ganar en los tribunales lo que no han logrado en las urnas». Ambas formaciones ejercen la acusación popular en el caso Auditorio. El propósito del PP es que las batallas políticas se libren en las urnas o en los debates parlamentarios, y no en los tribunales.
Este planteamiento está impulsado por la dirección nacional del PP. Y así se lo han transmitido a sus interlocutores en Ciudadanos. Fuentes conocedoras de esas conversaciones explican a este diario que, si bien el tema se ha tratado, el PP no ha llegado a trasladar ninguna propuesta concreta de cómo abordar esta limitación. Desde el partido de Mariano Rajoy se apunta a que la idea sería prohibir esta práctica a partidos políticos, sindicatos y entidades vinculadas a las fuerzas políticas para que puedan usar la acusación como «elemento de ataque político».
El argumento que exponen desde el PP es que, si se elimina el aforamiento a los políticos, éstos quedan expuestos a que estrategias premeditadas teledirijan querellas para imputarlos. Consideran que la exposición judicial debe acompañarse de fair play político. El riesgo, en caso contrario, es caer en una batalla de cruce de querellas que vaya imputando a todos los miembros de los partidos.
Este mismo argumento, de acotar la posible barra libre de querellas, es compartido por el Gobierno. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, a principios de este año aludió a este debate al vincular la reducción de aforamientos con poner límites la acusación popular. «Si las querellas contra los ministros sólo las puede presentar la Fiscalía, sería muy posible reducir ese nivel de protección jurisdiccional que existe en el modelo actual», dijo en una entrevista radiofónica. Argumentó que el aforamiento es propio de un «sistema con una acusación popular muy amplia», así que si ésta se viera acotada, como él mismo apostaba que había que hacer, sería lógico reducir también los aforamientos. La reflexión y el debate que ahora quiere avivar el PP va en la misma sintonía. Se trata, por tanto, de una idea que planea desde hace meses en el seno del Ejecutivo.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, también se ha manifestado en contra de que los partidos políticos y los sindicatos ejerzan la acusación popular en las causas porque contribuye a «politizar» la Justicia. Al igual que Catalá, considera que la amplitud de esta figura hace necesario el aforamiento para defenderse. «Mientras cualquiera pueda ejercer la acción popular hay que establecer mecanismos de defensa contra ese abuso y las demandas infundadas», ha dicho en más de una ocasión.
Desde Ciudadanos, además de recordar que el PP también ejerce de acusación popular en aquellos procesos que son de su interés –por ejemplo, en abril de 2013 el juez expulsó al PP como acusación popular en Gürtel por defender a Bárcenas–, consideran que esta reforma no se puede acometer de manera aislada. Fuentes de la dirección nacional señalan que se podría estudiar en el marco de una «reforma integral» que abordara la independencia «real» de jueces y fiscales. Consideran que «sin esa independencia real es complicado hablar de limitar la acusación popular».
En todo caso, la supresión de los aforamientos y la limitación de la acusación popular son dos puntos de fricción en la relación entre PP y Ciudadanos. Ambas formaciones son favorables a las iniciativas, pero las engloban dentro de reformas mucho más amplias y no específicas para estos fines.
De momento, estos intereses enfrentados hacen que en Murcia no haya acuerdo para un nuevo gobierno del PP. Ayer hubo una reunión entre ambos partidos en las que no se produjeron avances. Quedaron en trabajar por separado e intercambiar información y documentos vía mail o llamadas, sin fijar una fecha concreta para una nueva reunión. La investidura de López Miras se celebrará en la última semana de abril. Por tanto, estando la Semana Santa por medio, sólo restan unos 7-10 días para lograr un consenso que permita la gobernabilidad en esta comunidad. El PP, con 22 diputados, se quedó a uno de la mayoría absoluta, por lo que necesita del apoyo de Ciudadanos (4 diputados) para retornar al sillón de presidente.