EL CORREO 20/02/15
· El presidente del Gobierno no asistió al debate en el que finalmente CiU y UPyD optaron por abstenerse
El PP y el PSOE sacaron adelante ayer su pacto antiyihadista en el Congreso de los Diputados, aunque esta vez sin escenificación del acuerdo. El presidente, Mariano Rajoy, no acudió a la Cámara y en la bancada azul sólo se sentó el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Populares y socialistas votaron, en cualquier caso, todos a una. En el PSOE ni tan siquiera los más críticos con el texto o con la decisión de pactar con el Ejecutivo se saltaron la disciplina interna. Eduardo Madina, Odón Elorza o José María Barreda siguieron las directrices del partido y únicamente Guillem García optó por rechazar el proyecto. Todo salió según lo previsto. Incluida la oposición del resto de los grupos.
Más allá de los firmantes de la proposición de ley, ninguna fuerza se sumó al consenso. PP, PSOE, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria apretaron el botón verde y en la pantalla electrónica destacaron las abstenciones de UPyD y CiU. Los nacionalistas catalanes enterraron sus diferencias una semana después de haberse dividido en el debate de toma en consideración de la reforma, aunque Josep Antonio Duran Lleida no estuvo presente para comprobarlo. Aun así, abstencionistas y contrarios a esta modificación del Código Penal en materia de terrorismo coincidieron en las críticas a un proyecto que tildaron de «hipócrita», «oportunista», «bipartidista» y poco garantista.
Ni el PP ni el PSOE entendieron cómo se puede estar contra el terrorismo y mantenerse al margen del acuerdo. «Hemos dialogado con todos los grupos», reivindicó Rafael Hernando. El portavoz parlamentario popular interpreta que su partido y el PSOE han eliminado «de manera generosa» los intereses partidistas y recordó que el Consejo Europeo ha designado como ponentes a España y Francia en la búsqueda de una «estrategia global» contra el terrorismo, lo que a su juicio convierte el pacto de reforma del Código Penal en «un modelo de referencia».
Cuestión de fondo y formas
El portavoz socialista, Antonio Hernando, tuvo que hacer un esfuerzo extra para convencer a propios y ajenos de la necesidad de implicarse en la reforma. «Somos la izquierda que quiere responsabilizarse de las cosas importantes del gobierno de España, estemos en la oposición o en el Gobierno», esgrimió. Además, defendió la oportunidad de modificar el Código Penal para hacer frente a la amenaza yihadista, que a su juicio ya no presenta las mismas características que cuando España sufrió el atentado del 11-M. Destacó que entonces «no habíamos visto degollamientos masivos en las playas, ni cortar cuellos de periodistas, ni quemar vivos a los rehenes».
Los portavoces de la oposición, sin embargo, terminaron denunciando las formas y el fondo. La inclusión de «la prisión permanente revisable» en el régimen punitivo y, como protestó CiU, la «ampliación desmesurada de lo que se entiende por delito de terrorismo» centraron las discrepancias. «Obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» será castigado según lo que se contempla en este apartado del Código Penal. Y la enmienda que el Ejecutivo y los socialistas introdujeron en el último momento aclarando que los desórdenes públicos sólo serán considerados terrorismo cuando sean cometidos por terroristas no convenció.
Pero además, la vía de urgencia y por lectura única elegida por el Gobierno hizo que la oposición se desmarcara definitivamente del texto. Los portavoces lamentaron la ausencia de un debate profundo que garantice la seguridad jurídica de la reforma. «Son unos auténticos irresponsables», espetó a los dos principales partidos la representante del UPyD, Rosa Díez, que teme que los cambios sean utilizados por los abogados de los terroristas para obtener ventajas para sus representados. Ahora todos confían en los cambios que puedan introducirse en el Senado.