Es un error, un grave error, y acaso lo termine pagando. Un partido moderado europeo, el que mejor ha resistido el auge de los populismos, no puede dejar su política migratoria en manos de una formación radical que predica el rechazo étnico y un nacionalismo conservador de corte identitario. Menos aún en un país que viene sufriendo la doctrina excluyente de los soberanistas catalanes y vascos. Por ahora se puede excusar en las escasas competencias autonómicas que impedirán cumplir lo firmado en los pactos, pero llegará un momento en que Vox planteará la misma exigencia a escala de Estado. Los populares necesitan volver a su propio marco, a un programa razonable que aborde el reto de la extranjería de un modo sensato, y hacerlo antes de que el impulso discriminatorio se vaya deslizando –ya hay síntomas en ciertos sectores extremistas– de los musulmanes peor integrados a los hispanoamericanos que conforman uno de los principales sostenes del crecimiento económico y el equilibrio demográfico.

Ni Feijóo ni sus barones han explicado cómo piensan encajar esa supuesta prioridad en el vigente ordenamiento jurídico. El término ‘arraigo’ es demasiado indefinido, y aplicado en sentido estricto hasta podría limitar los derechos de españoles de territorios distintos. La xenofobia es una puerta muy difícil de cerrar: se empieza marginando o segregando por lejanía de origen y se acaba por los habitantes del pueblo vecino. Al fondo del discurso de Abascal, que ayer se refirió a la Andalucía de los Reyes Católicos, late un imaginario nativista impregnado de esencialismo, una ensoñación de retorno al mito de Covadonga y a la Reconquista como arquetipo explícito de un orgullo nacional perdido. Ese pensamiento es incompatible con la sociedad abierta y humanitaria que se supone defiende el moderno liberalismo. Acabar con la nefasta etapa sanchista es un imperativo democrático, pero ojo con los falsos amigos. Porque al menos en el centro-derecha aún quedan ciudadanos que votan por principios.