Editorial, ABC, 2/4/12
Desde el punto de vista de las garantías procesales y penales, la «doctrina Parot» es impecable. La firmeza, y no la negociación, es el lenguaje que entiende ETA
LA decisión del Tribunal Constitucional de avalar, por unanimidad, la llamada «doctrina Parot», sin perjuicio de haber concedido el amparo a tres de los 31 primeros etarras a los que se les han resuelto sus demandas contra su permanencia en prisión, es un hito en la consolidación de la legislación antiterrorista. ETA no ha desaparecido, no se ha disuelto y no se ha desarmado. Si hay algo que cambiar en la legislación penal o penitenciaria, será pensando en que ETA puede volver a atentar, no en que ETA ya no existe. Con la decisión del TC, se trunca una parte del voluntarismo que el llamado «cese definitivo» de la violencia ha provocado en un sector de la clase política y de la opinión pública. Y, sobre todo, se priva a ETA y a la izquierda abertzale de una mercancía para su negociación sobre el precio que quieren cobrarse por hacernos el favor de no volver a matar. El único precio que hay que cobrar es el que ETA debe aún por su historia terrorista. El TC concedió el amparo constitucional a tres etarras a los que se les prolongó la estancia en prisión, después de haber fijado en firme una fecha de excarcelación. En estos casos, la estimación de los recursos de amparo era previsible. Además, con esta valoración diferenciada, el TC protege su decisión frente a probables demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La unanimidad de los magistrados del TC, por otro lado, refuerza la posición institucional del Estado español ante esa corte europea. Desde el punto de vista de las garantías procesales y penales, la «doctrina Parot» es impecable, porque respeta el tiempo máximo de permanencia en prisión, impide que el sistema penal pierda autoridad y capacidad disuasoria y administra en su justa medida los beneficios penitenciarios del asesino o violador múltiple. Hasta que el Tribunal Supremo, en 2006, aprobara esta doctrina, las consecuencias reales por matar a una persona o por matar a cinco eran similares.
Esta decisión del TC hace oportuna una retrospectiva para defender los avances que han permitido al Estado de Derecho doblegar a ETA y para recordar quiénes objetaban sistemáticamente iniciativas como la Ley de Partidos, el cumplimiento efectivo de las condenas o la propia «doctrina Parot». Y quiénes, como profetas del caos, auguraban un reforzamiento del terrorismo si esas medidas se aplicaban. Ahí están los resultados que los desmienten. La firmeza, y no la negociación, es el lenguaje que entiende ETA.
Editorial, ABC, 2/4/12