«El Estado debe incriminar lo que es una ilegalidad», argumenta. El Gobierno impulsó la reforma del Código Penal mediante proposición de ley para eludir el dictamen del Poder Judicial. Los grupos parlamentarios dejan solo al PP y firman la iniciativa. San Gil pregunta a Patxi López si es «el impulsor» de la reforma judicial.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, la máxima autoridad judicial del país, mostró ayer su total desacuerdo con la intención del Congreso de suprimir del Código Penal el delito que llevaría a la cárcel al lehendakari Juan José Ibarretxe si convoca un referendo ilegal. El Gobierno, conocedor del rechazo a la propuesta de la mayoría conservadora en el órgano rector de la carrera judicial, optó por que fuese el PSOE quien presentara una proposición de ley para sacar adelante la iniciativa en vez de la fórmula del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que exige el preceptivo informe de este organismo antes de que el Consejo de Ministros apruebe su envío al Parlamento.
Hernando aseguró, durante una comparecencia en el Senado, que «mientras el señor Ibarretxe no rectifique, subsisten las razones» que llevaron al Gobierno de José María Aznar a introducir en el Código Penal el año pasado un delito que condena con penas de prisión de tres a cinco años al responsable político que convoque de forma ilegal consultas populares. El máximo responsable del Poder Judicial afirmó que «lo digo aquí y lo digo en cualquier sitio: (el lehendakari) lanzó un reto al Estado cuando vino a decir que él llevaría adelante su plan cayese quien cayese, y que si tiene que consultar mediante referendo lo hará».
El presidente del Supremo sostuvo que ante el desafío de Ibarretxe «el Estado español, el único que hay, tenía que dar una respuesta» y que ésta debe consistir en «incriminar lo que es una ilegalidad». En un Estado de Derecho, prosiguió, «el Estado debe activar medios de defensa, porque hay conductas que pueden tener consecuencias punibles y ésta es una de ellas».
Reacción esperada
El Gobierno no se mostró sorprendido por esta reacción del máximo responsable de la judicatura. La esperaba, y por eso prefirió que el PSOE impulsara una proposición de ley para sacar adelante la iniciativa, porque esta vía soslaya el trámite de tener que solicitar el parecer del Consejo General del Poder Judicial antes de remitir el texto al Congreso.
El Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero tomó nota de la actitud contraria del Poder Judicial ante su proyecto de ley que autoriza los matrimonios entre homosexuales y la adopción de menores por parte de estas parejas, y también el rechazo a la iniciativa que amplía las mayorías parlamentarias para designar a los miembros del Consejo y a los titulares de los tribunales superiores de Justicia. De esta forma, evitó que su propuesta topase con la más que previsible oposición del órgano de gobierno de los jueces a la despenalización de los referendos.
El ardid gubernamental no pasó desapercibido para Hernando, quien denunció que el Gobierno «trata una vez más de evitar que el Consejo del Poder Judicial dé su opinión» sobre una reforma legal que modifica una norma fundamental, como es el Código Penal. El presidente del Supremo mostró su «extrañeza» y animó al Congreso a que reclame el dictamen del CGPJ aunque no sea preceptivo para una proposición de ley.
«Estupor»
La nítida postura de Hernando en contra de la reforma legal motivó que los siete vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial y el vocal de CiU firmasen un comunicado en el que muestran su «estupor» ante las palabras del presidente. Creen que «realiza una injustificable y del todo punto improcedente injerencia en el modo de actuar y en las competencias del Poder Legislativo» y que «se involucra en un debate político recién iniciado, alineándose una vez más de forma partidista con posiciones exclusivamente defendidas por el PP».
Los ocho vocales concluyen que la actitud de Hernando es «radicalmente incompatible tanto con la independencia que como presidente del Supremo debiera tener como con el sentido institucional que debe inspirar al presidente del CGPJ, desprestigiando gravemente a este órgano y al Poder Judicial en su conjunto».
El fiscal general del Estado, a su vez, no entró en el debate sobre las opiniones del máximo representante del Poder Judicial, sino que respaldó la proposición de ley que despenaliza los referendos. Cándido Conde-Pumpido consideró «improcedente» la tipificación penal de esta opción porque «no se debe legislar para casos individuales y específicos» como el de Ibarretxe.
Los grupos parlamentarios dejan solo al PP y firman la iniciativa
Todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, suscribieron ayer y se convirtieron en coautores de la proposición de ley redactada por el PSOE para derogar los artículos del Código Penal que castigan con penas de cárcel las convocatorias ilegales de referendos. La iniciativa pretende, según los socialistas, suprimir «el delito político» que implantó el PP en la pasada legislatura para abortar la promesa del lehendakari Juan José Ibarretxe de celebrar una consulta popular sobre su plan de reforma estatutaria.
La proposición se registró en el Congreso apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno la anunciara. El portavoz de los nacionalistas vascos, Josu Erkoreka, vaticinó que el PP tratará de poner a lo largo de la tramitación «todos los obstáculos que pueda para que no prospere», pero el amplio apoyo que tiene hará vanos esos intentos. El pleno del Congreso, según los cálculos de los grupos, tomará en consideración la proposición el 23 de noviembre, y a continuación abrirá el plazo de enmiendas. Las estimaciones apuntan a que todo el proceso parlamentario concluya en marzo o abril, momento a partir del cual los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal quedarán derogados.
El secretario general del grupo socialista, Diego López Garrido, señaló en la presentación del texto que la reforma terminará con una legislación «impresentable y antiparlamentaria en las formas y antidemocrática en el fondo». El dirigente del PSOE sostuvo que la respuesta al plan Ibarretxe debe ser «política», pero «no penal y represora», que es la que dio el Partido Popular con su mayoría absoluta en la pasada legislatura.
Otras vías
La proposición se basa en que el ordenamiento jurídico vigente tiene otras alternativas, como la contencioso-administrativa, para declarar nula la celebración de un referéndum ilegal. De hecho, la iniciativa precisa que la convocatoria de una consulta popular por quien no tiene esa potestad «es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal».
También saldrán del Código Penal los castigos de seis meses a un año de prisión contemplados para quienes participen como interventores en esas votaciones y se suprimirá el delito de pago de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones políticas ilegalizadas o disueltas, una conducta castigada con penas de tres a cinco años de prisión. El PP aprobó este tipo penal con la mirada puesta en el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, para impedir que contribuya con fondos públicos a la actividad del grupo Sozialista Abertzaleak.
San Gil pregunta a Patxi López si es «el impulsor» de la reforma judicial
Acebes insta a Zapatero a explicar «a cambio de qué» derogará la ley que aprobó en su día el PP
La decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de impulsar la derogación de la ley que castigaba con penas de cárcel la convocatoria ilegal de consultas populares -aprobada en diciembre del año pasado gracias a la mayoría absoluta del PP y a raíz del anuncio de Juan José Ibarretxe de celebrar un referéndum sobre su plan- continuó cosechando ayer duras críticas y peticiones de explicaciones de los populares. En Euskadi, la candidata a lehendakari del PP, María San Gil, personalizó los reproches en el secretario general del PSE, Patxi López, a quien instó a aclarar si ha sido él «el impulsor» de la reforma legal o si la derogación de la norma se inscribe dentro «del ‘plan López’».
Como viene haciendo en los últimos meses, San Gil se refirió así a las «tácticas de acercamiento al PNV» que, en su opinión, están desplegando los socialistas vascos y que, según dijo, no satisfacen a «muchos» miembros del partido en Euskadi. Así, la dirigente popular subrayó que hay «muchos socialistas vascos desconcertados y atónitos» ante la «debilidad y falta de criterio» demostradas por el PSE y el PSOE «en temas absolutamente fundamentales e importantes para el desarrollo del futuro de este país».
San Gil advirtió al Ejecutivo de que hay «temas», como el respeto a la legalidad, con los que es imposible «negociar». En este sentido, denunció que el Gobierno está jugando «a un ‘change’» con los nacionalistas para lograr su apoyo de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, tras destacar la importancia de que exista «un muro de contención legal» capaz de poner freno a «un Ibarretxe desbocado». Y reprochó directamente a Zapatero que, al «vivir tan hipotecado» por los nacionalistas, se «olvide» de quienes no lo son y los deje «desamparados e ignorados».
Incertidumbre
Según la opinión de la candidata popular a lehendakari, el Gobierno y el PSOE «han renunciado a amparar a la sociedad vasca frente a aquellos que quieren vulnerar la ley» y han abierto así un período de «incertidumbre», frente a la «certeza» de que Ibarretxe culminará su «desafío» y convocará efectivamente el referéndum. Este comportamiento obedece, dijo San Gil, a la «obsesión» del PSOE por «destruir todo lo que hizo el PP», incluidos los «espacios de libertad y seguridad jurídica» que contribuyó a crear. Y sólo servirá, añadió, para «envalentonar» a un nacionalismo «ya envalentonado y radicalizado por sí solo».
En el mismo sentido se pronunció el secretario general del PP, Ángel Acebes, que pidió a Zapatero que explique «a cambio de qué» ha hecho esta «concesión» a los nacionalistas. En términos muy duros, el dirigente popular advirtió de que la derogación de las penas de cárcel para referendos ilegales no sólo es un «profundo error», sino que pone en «grave riesgo» la unidad de España y supone un «atentado» contra este principio. Además, Acebes recordó, en alusión implícita al proyecto de Ibarretxe, que los «motivos» que impulsaron la reforma «siguen plenamente vigentes».
EL CORREO, 22/10/2004