Si la inclusión de 44 condenados por su relación con ETA, siete de ellos con delitos de sangre, en las listas electorales de Bildu ha venido siendo habitual en los últimos años, no es menos cierto que nunca se había visto tanta aglomeración de exterroristas como candidatos. Una vez han saldado sus cuentas con la Justicia pueden hacerlo, con matices, pero no es democrático que estos figuras no sólo no se arrepientan de su pasado sino que se vanaglorian de su macabra historia. Tiene razón el lehendakari Urkullu al decir que «un nombre es un error, 44 una decisión». Pero es una decisión que se debería de haber previsto por parte de quienes han contribuido a blanquear la historia de los herederos políticos de ETA y no sólo recordarles que les falta «un hervor democrático» cuando nos encontramos en campaña electoral. Lo de Bildu no es una provocación. Es una estrategia en clave doméstica: una exhibición de sus condenados para transmitir la idea de que se han integrado en este proceso de institucionalización en donde van tomando más cotas de poder hasta influir directamente en la cocina de la Moncloa.

¿Cuál es la diferencia entre campañas anteriores y la actual? Que antes se pactaban acuerdos concretos con Bildu. Sin ir más allá. Ahora la coalición de Otegi se sienta a la siniestra de Pedro Sánchez en calidad de socio preferente y está condicionando las políticas del Gobierno de España. Esa es la novedad. El impacto que provoca su condición de socio estructural de Sánchez. En esta legislatura y en la futura, si pueden. De ahí, el revuelo.

El debate electoral seguirá pivotando sobre el eje de la legalidad de determinadas actitudes de la izquierda abertzale. Si la Ley de Partidos señala como causa de ilegalización de un partido «la inclusión en sus listas electorales de personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios». O si han incumplido (más de 200 veces, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo) las condiciones que impuso el Tribunal Constitucional cuando legalizó Sortu. Se podrán entretener en esta cuestión pero, más allá de la agitación de conciencias, que pierdan toda esperanza quienes piden cuentas. No ganarán una batalla jurídica porque la Ley de Partidos no se aplicará.

El problema, en realidad, no lo tiene Bildu, que siempre ha enfocado sus movimientos en la misma dirección. El problema lo tiene el PSOE de Sánchez que, al dar trato de socio «con sentido de Estado» a Bildu, está tirando piedras sobre su propio techo electoral. Muchos de sus votantes pasan vergüenza al ver a su partido rehén de la voluntad de Bildu con quienes han pactado leyes tan polémicas como la derogación de la sedición, la de vivienda o la de Memoria Democrática para reescribir la Transición.

Bien lo sabe el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, que ayer eclipsó el anuncio electoral del día de Sánchez en pleno acto de campaña para criticar la dependencia del Gobierno de Bildu ¿A quién creerán los electores en su comunidad? En el País Vasco hay mucha gente que justifica a Bildu. Tanto que es la segunda fuerza más votada después del PNV. Y subiendo. Ya veremos el impacto que puede provocar este revuelo en las urnas. Sobre todo en los comicios generales. Los partidos de la oposición no piensan soltar la baza de los pactos de Sánchez con Bildu ¿Quién ha metido a ETA en campaña, quiénes han colocado a sus expresos sin arrepentirse en las listas o quienes lo cuentan? Esa es la cuestión.