EL MUNDO 19/01/13
La definición de Cataluña como «sujeto político», escollo para el frente común.
Si la declaración de soberanía que CiU y Esquerra pretenden aprobar el próximo miércoles en el Parlament puede servir para tomar la temperatura al proceso soberanista que pretende impulsar Artur Mas, cabe decir que de momento no termina de arrancar. El partido del Govern y sus socios se han empeñado tanto en lograr un frente amplio que incluso eliminaron las referencias al «Estado propio» del texto que habían pactado para atraer al PSC, que es el verdadero objetivo de los nacionalistas. Pero los socialistas mantienen sus recelos, sobre todo con respecto a dos asuntos: la consideración de Cataluña como «sujeto político y jurídico», y las garantías de que una hipotética consulta se celebre dentro de la legalidad.
La reunión a cinco que mantuvieron ayer los partidos que, en grados muy diferentes, llevaban en sus programas electorales la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre la relación entre Cataluña y el resto de España -CiU, ERC, PSC, ICV y CUP-, terminó sin acuerdo. Fuentes conocedoras de estos contactos confirmaron que el problema principal sigue siendo la voluntad de CiU y Esquerra de declarar a Cataluña «sujeto político y jurídico soberano».
El portavoz de la federación gobernante, Jordi Turull, afirmó que «de los cinco grupos, cuatro comparten posiciones y uno no lo ve claro, y a éste se le pide una contrapropuesta».
CiU y Esquerra pretenden poner así las bases para la futura consulta, pero el PSC entiende que esa declaración podría ser incompatible con el primer artículo de la Constitución, que establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español».
El otro gran escollo es la pretensión de los socialistas de que se establezca claramente que la consulta sólo se llevará a cabo dentro de la legalidad vigente. El portavoz del PSC, Maurici Lucena, que asistió a la reunión, propuso fijarse en modelos como el de Quebec o el de Escocia, que ha conseguido que el Reino Unido le traspase temporalmente las competencias sobre la celebración de referendos.
«Lo que es legal es instar al Gobierno español» a hacer lo mismo, dijo Lucena tras subrayar la «apuesta inequívoca del PSC por el derecho a decidir».
Los principales dirigentes de CiU también redoblaron su presión sobre los socialistas para que acepten consensuar una propuesta de declaración antes del día 23. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió desde Tarragona que las «actitudes positivas» estén por encima de los intereses particulares: «Aunque haya gente que tenga ideologías o sensibilidades diferentes, es el momento de empujar conjuntamente».
Más explícito, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, llamó al PSC a «dejarse de excusas» y a sumarse a la declaración soberanista sin «desnaturalizarla», pese a que también aclaró que «no se debe confundir el ejercicio del derecho a decidir con la independencia».
El líder del PSC, Pere Navarro, rechazó sin embargo estas apelaciones. «Nos sentimos poco o nada presionados, aunque por parte del president hay una situación casi de desesperación, de huida hacia adelante, por un tema que no deja de ser una cortina de humo ante la incapacidad del Govern de afrontar esta difícil situación económica actual», aseguró.
En cuanto a los partidos que se oponen frontalmente a la celebración de la consulta, el portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, rechazó el «paripé» que en su opinión constituye la declaración de soberanía, y pidió a Mas que «si quiere hacerse el haraquiri, no arrastre a los catalanes». Ciutadans criticó que «se pervierta el Parlament para objetivos sediciosos».
EL MUNDO 19/01/13