EL MUNDO 03/10/13
· Dice que el acuerdo en la comisión «no contemplaba las aportaciones escritas»
El revuelo que generó ayer el anuncio de que Arnaldo Otegi asesorará por escrito a la comisión de estudio del Parlament sobre el derecho a decidir ha hecho rectificar al PSC. Los socialistas enviaron ayer un comunicado a la Mesa de la comisión en el que piden que se revise «la idoneidad de solicitar aportaciones externas por escrito».
Los cinco grupos que participan en el organismo –CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP– consensuaron el martes una lista de 15 expertos a los que se pedirá que intervengan en el Parlamentpara aportar su experiencia en el complicado momento político que se vive en Cataluña. Se trata de personas que o bien están involucradas en algunos de los últimos procesos independentistas o soberanistas del mundo –por ejemplo, los de Checoslovaquia, Eslovenia, Escocia o Québec–, o bien cuentan con experiencia académica en el asunto, como el jurista Francisco Rubio Llorente, o son padres de la Constitución, como Roca o Pérez-Llorca.
Pero la CUP, el grupo de extrema izquierda que había pedido la comparecencia de Otegi, se ofreció a retirarla si, a cambio, a todos los descartados se les permitía intervenir en la comisión mediante un escrito, que enviarían a los partidos que los habían propuesto y que éstos compartirían después con el resto. Según dijo la presidenta del Parlament, Núria de Gispert –que también dirige la comisión–, todos aceptaron.
Sin embargo, el PSC reculó ayer. El partido se quejó de que «se ha dado a entender a la opinión pública que la comisión había aprobado un plan de trabajo que incluía la solicitud de informes o aportaciones por escrito», y subrayó que «el acuerdo general entre los grupos no contemplaba las aportaciones escritas y, por tanto, éstas no fueron ni debatidas ni votadas». Por todo ello, el portavoz del grupo del PSC, Maurici Lucena, pidió que «dentro del orden del día de la próxima sesión de la comisión se reserve un punto para evaluar la idoneidad de solicitar aportaciones externas por escrito, y en caso de que la mayoría sea favorable, debatir y votar las propuestas que cada grupo crea o no pertinentes».
Si se acepta la propuesta de los socialistas, es casi seguro que Otegi finalmente no asesorará a la Cámara, habida cuenta de que CiU tampoco está cómoda con que el nombre del líder abertzale, que actualmente cumple condena en la cárcel de Logroño, pueda relacionarse con el plan soberanista de Mas.
Mediante una nota, el Parlament también quiso dejar claro ayer que la comisión «sólo acordó las 15 comparecencias oficiales», y que la participación de Otegi era una decisión de la CUP. La noticia, sin embargo, ya había generado reacciones en el resto de España.
La primera fue la de Alfredo Pérez Rubalcaba, que restó importancia al asunto y se centró en destacar que Otegi no comparecerá en la Cámara catalana. «Por escrito que haga lo que quiera», añadió, en una entrevista en RNE, informa Europa Press.
También habló de ello Eduardo Madina, quien apuntó que el Parlament tenía «muchas opciones mucho mejores» para asesorarse antes que el portavoz de la ilegalizada Batasuna. José Bono, por su parte, dijo que esa colaboración sería «un verdadero insulto».
Madina dijo que si el Parlament «quiere hacer bien las cosas y elegir bien a sus asesores, no ha dado el mejor paso», porque «al margen de las consideraciones que cada uno pueda tener» el portavoz abertzale «está en la cárcel por un delito».
También se alzaron contra esa posibilidad numerosas voces dentro del PP, el único partido, junto a Ciutadans, que no participa en la comisión parlamentaria del derecho a decidir. La líder de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió de que el asesoramiento de Otegi sería «un desvarío gravísimo»; el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, añadió: «Se conoce a la gente por las compañías de las que se rodea».