Aunque el Gobierno ha amarrado buena parte del resto de la legislatura, tras el acuerdo alcanzado para la Ley de Amnistía que previsiblemente desbloqueará los apoyos de los independentistas a los Presupuestos, ha pagado un precio muy alto que le pasará factura en un plazo no muy lejano.
El rechazo popular que suscita la disposición de Pedro Sánchez a exonerar a Carlos Puigdemont y el resto de responsables del procés de delitos tan antipáticos como el terrorismo, la malversación o la alta traición, sumado a las salpicaduras sobre importantes figuras socialistas del caso Koldo, han resultado en un PSOE más débil que nunca.
Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE perdería 12 escaños y se situaría en el 28,2% de los votos, mientras que el PP se haría con el 40% y subiría hasta los 159 escaños.
La apuesta del Gobierno de coalición por la amnistía sólo habría servido para impulsar al PP y para fortalecer a las facciones más radicales del independentismo sobre las que se ha apoyado, Junts y Bildu, que ganarían 3 y 2 escaños, hasta situarse en 10 y 8, respectivamente.
Aún más relevancia entrañan para el momento actual los datos del sondeo de SocioMétrica concernientes a las próximas elecciones europeas. El PSOE se desploma en intención de voto, pasando de un 33,2% a un 24,5%, mientras que el PP casi le dobla con un 40,1% (frente al 20,4% de voto en 2019).
En las últimas cuatro encuestas realizadas por este periódico, los socialistas han venido cayendo paulatinamente. Pero en el último mes se han dejado 4 puntos de golpe.
Estas cifras son demoledoras para la campaña apologética de las virtudes de la amnistía para la «reconciliación» a la que el Gobierno se ha lanzado en tromba tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Junts y ERC el pasado miércoles.
Porque aunque Sánchez ya recibió un importante castigo a su política de concesiones al separatismo en las elecciones gallegas de febrero, las europeas del 9-J serán las primeras en las que el pueblo español podrá expresar positivamente su parecer sobre la amnistía.
En este contexto, las elecciones europeas revisten un inequívoco carácter plebiscitario, que a la luz de los pronósticos electorales no será favorable al Gobierno.
No se le escapa, en cualquier caso, que su Ley de Amnistía es la medida más impopular de la democracia, tal y como refleja el último barómetro de SocioMétrica: el 71,3% de los españoles (y un 40,6% de los socialistas) la rechaza. Y el 72,6% opina que no servirá para devolver a Junts y ERC a la senda de la constitucionalidad. Algo que también certifica la perseverancia declarada de los nacionalistas en el horizonte independentista.
A este repudio mayoritario se le añaden las repetidas manifestaciones, como la multitudinaria de este sábado o la que se espera para hoy en Barcelona, en las que los ciudadanos han protestado contra la personalización a la carta del derecho penal que supone la amnistía.
Conocido ya el texto final de la ley, y esperada su aprobación para las mismas fechas de la campaña de las europeas, Sánchez tiene la oportunidad de enmendar su fraudulenta omisión de la campaña del 23-J, y presentarse al 9-J con su proyecto de «normalización institucional, política y social» incluido en su programa electoral.
Porque al margen de los futuros pronunciamientos de los tribunales españoles y de las instituciones de la UE, el veredicto final desde el punto de vista político será el de los ciudadanos, que podrán manifestarse por primera vez en unos pocos meses.
Sería no obstante irónico que, habiendo fiado el Gobierno la viabilidad de su Ley de Amnistía a Europa y la armonización con sus estándares, viniera de Europa, a través de las urnas, la primera y más dolorosa desautorización.