La entrevista a Pedro Sánchez en Salvados fue muy mal recibida en el PSOE, pero no sólo entre los que participaron en el golpe que lo tumbó y que ahora dirigen el partido; también entre varios de los dirigentes de su entorno, que no entendieron «su agresividad» y «su giro inesperado» hacia posiciones que nunca defendió, como que España es «una nación de naciones» o un izquierdismo que no reivindicó cuando fue secretario general.
Fuentes próximas a la dirección entienden que Sánchez «echó gasolina al fuego interno» con su entrevista y que «se está situando fuera del partido» con declaraciones ajenas a lo que aprobaron el PSOE y el PSC sobre el modelo territorial, o utilizando argumentos que hasta ahora ha usado solamente Podemos. Las mismas fuentes entienden que en la entrevista se acercó «a la órbita de Podemos y sus teorías conspirativas» y se alejó del PSOE.
Al dar carta de naturaleza al partido de Pablo Iglesias y asegurar que el PSOE, «si quiere ser alternativa, tiene que mirar de tú a tú a Podemos y trabajar codo con codo con él», los dirigentes socialistas entienden que Sánchez da la razón al adversario político, dañando al PSOE y «todo por un proyecto político personal», añadieron desde Ferraz.
Una de las dirigentes más duras fue la eurodiputada Elena Valenciano, que aseguró que Sánchez se situó «en la frontera entre Podemos y los independentistas». Además, le acusó de «blanquear» el discurso de Esquerra Republicana. «Se aproxima a lo que él considera que es la izquierda verdadera, Podemos, algo legítimo, pero eso no es el PSOE».
Muy duro fue también el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que pidió a Sánchez que se retire de la carrera para liderar el partido «por dignidad» y para «no estorbar» en la tarea de «refundación del PSOE».
En declaraciones a los periodistas en Huesca, Lambán pidió a Sánchez que «abandone la primera línea» y deje que el partido encuentre soluciones a una crisis que «se ha generado por actuaciones sólo imputables a Pedro Sánchez».
Lambán reclamó a los 15 diputados que rechazaron hacer presidente a Rajoy que dimitan como un «acto de responsabilidad y de ética».
El entorno más próximo a Sánchez ni siquiera quiso defender ni valorar la entrevista. Y una parte de quienes le han apoyado hasta el final, tanto miembros de la Ejecutiva como diputados y secretarios generales cercanos criticaron su tono y su contenido. Eso sí, la mayoría lo achacó al «muy mal momento político y personal que está pasando».
Las palabras de Sánchez tuvieron muy buena acogida en Podemos. El propio Pablo Iglesias dio la bienvenida a Sánchez a sus tesis, le agradeció «su sinceridad», pero también le advirtió que «llega tarde». Aún así, le quiso dar las gracias. «Pedro ha contado la verdad sobre los poderes oligárquicos y ha reconocido su equivocación con nosotros», dijo Iglesias en Twitter, «Llega tarde. Pero gracias».
Por otra parte, el Grupo Socialista comunicó ayer a los 15 diputados que votaron no a Rajoy que se abre contra ellos el procedimiento previsto en el Reglamento del Grupo Parlamentario. Como les dijo en una carta el responsable de disciplina del Grupo, ahora tienen una semana para presentar alegaciones. Después, el Grupo decidirá sobre la sanción que les impone y que puede ir de 200 a 600 euros.
Este procedimiento no tiene nada que ver con el posible expediente disciplinario que la Comisión Gestora podría abrir a los seis militantes del PSOE que votaron no. En este otro procedimiento se quedan al margen los siete diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y las dos independientes, Margarita Robles y Zaida Cantera, porque no son militantes. Fuentes de la dirección explicaron que «no hay nada previsto» más allá de la sanción, que probablemente será la máxima prevista, de 600 euros. De momento, el presidente del Grupo Socialista, Antonio Hernando, no ha decidido si aumentará el castigo.
En el peor de los casos, los diputados que mantuvieron su compromiso electoral podrían ser expulsados de la dirección del Grupo –están en ella Meritxell Batet y Sofía Hernanz–. Además, Hernando podría arrebatar su condición de portavoces a los que lo son. Entre los díscolos están algunos de los portavoces más importantes del Congreso, como Margarita Robles (Justicia), Manuel Cruz (Educación) o Susana Sumelzo (Cooperación Internacional).