EL MUNDO 07/12/12
Rubalcaba propone cambiar el modelo territorial, el orden sucesorio y que la sanidad sea un derecho fundamental.
Los dos grandes partidos celebraron ayer el 34 aniversario de la Constitución con posiciones contrapuestas sobre el futuro de la Carta Magna. Mientras el PSOE abanderaba su reforma, los populares manifestaban sus reservas frente a cualquier cambio por temor a males mayores.
El presidente del Gobierno y el líder de la oposición evidenciaron la discrepancia nada más llegar al Senado. Mariano Rajoy solemnizó que «la Constitución tiene plena vigencia», después de que Alfredo Pérez Rubalcaba abogara por «adaptar a los tiempos» el texto constitucional.
Rubalcaba apostó por una reforma que, incluso, vaya más allá del aspecto territorial y del orden de sucesión a la Corona, para que la sanidad pública -ahora comprometida con los recortes- forme parte, junto a la educación, de la relación de derechos fundamentales, y goce, por tanto, de la misma protección constitucional.
Por su parte, en una imprecisa declaración, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, «sólo» se dijo partidaria de «los cambios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de la libertad, la igualdad y la justicia, que son derechos fundamentales irrenunciables».
Desde el PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, vino a avivar el debate. Si bien comenzó por decir que «la Constitución es muy elástica y permite que nos podamos organizar dentro de ella sin tener que recurrir a cambios», la dos de Rajoy postuló una reforma puntual de la Carta Magna: «Me gustaría que nuestra Constitución, en la sucesión en la Corona, no diera prevalencia al varón sobre la mujer», declaró.
Pero nadie en el PP ni en el Gobierno recogió el guante. «Si me preguntan ante micrófonos, diré que estoy de acuerdo, pero off the record, te diré que de reforma, nada de nada, ni una pequeñita», confesaba a este diario un alto cargo del Estado.
«En cuanto se abra la espita», añadía un presidente autonómico del PP, «los nacionalistas aprovecharán para reivindicar lo suyo, y con este PSOE, con el que ya no se puede contar, no se sabe en qué acabará…».
Desde el Gobierno, la posición trasladada por una fuente oficial era aún más clara. La sola mención de una reforma sobre la sucesión, decía, «podría derivar» en «otros debates» aún más inconvenientes, como el de «la Corona en sí», en el momento menos popular para la Monarquía. Además, la reforma más clara desde el punto de vista del consenso, presenta, a los ojos del Ejecutivo, la dificultad de que pertenece al Título II y requiere una reforma agravada, es decir, mediante referéndum.
El propio Rajoy vino a secundar esta tesis con sus gestos y sus declaraciones informales a los periodistas. Si bien eludió una respuesta directa, dejó claro que cualquier reforma de la Constitución debería cumplir tres condiciones: «Un objetivo concreto, un amplio consenso, y una oportunidad clara», según informa Marisa Cruz.
Lejos del corrillo de Rajoy, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abonó la tesis de Rubalcaba y defendió modificaciones, «pero sin poner patas arriba la Constitución, ni mucho menos abrir un debate constituyente. Se deben cambiar cosas, pero siempre que haya un acuerdo previo entre los dos grandes partidos». Page admitió que no le importaba coincidir con Rajoy en las tres condiciones que, dijo, son «de sentido común».
En parecidos términos se manifestó el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien indicó que se ha roto el consenso constitucional con algunas medidas que está tomando el Gobierno en materia de sanidad y educación, por lo que consideró más que necesario volver a sentarse y llegar a nuevos acuerdos constitucionales entre todos.
EL MUNDO 07/12/12