EL MUNDO – 19/02/16
· En 2014 se negó a acordar la suspensión a diputados con juicio abierto por corrupción.
El PSOE ha acordado ahora con Ciudadanos lo que hace poco más de un año no quiso pactar con el PP. En la ronda de negociaciones que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está manteniendo con el resto de fuerzas políticas ha cerrado acuerdos «significativos» con Ciudadanos en materia de corrupción. Entre ellos la posibilidad de suspender a los diputados y senadores si se abre juicio oral contra ellos por casos de corrupción.
La apuesta por la regeneración democrática es una de las cuestiones que, en estos momentos, más parecen acercar al PSOE con Ciudadanos y viceversa. Sin embargo, los socialistas se negaron a cerrar este mismo acuerdo con el PP.
En octubre de 2014 los populares negociaron con el resto de grupos parlamentarios una batería de medidas anticorrupción. Pero sobre todo mantuvieron intensas conversaciones con el PSOE. Los dos grupos querían fijar un límite legal en el que cualquier político acusado de delitos de corrupción estuviera obligado a dejar un cargo público. PP y PSOE coincidían en que la apertura de juicio oral debía ser el momento político en el que abandonar, frente a otros grupos que defendían que fuera la mera imputación. En el caso de diputados y senadores, supondría la pérdida inmediata de su acta.
Esta fue una de las medidas dentro de las propuestas que se plantearon para ofrecer una respuesta legal a los casos de corrupción y, en concreto, ante la discrecionalidad de cada partido a la hora de abordar sus asuntos internos y la voluntad personal de los afectados. El Gobierno llevó a las Cortes dos proyectos de ley: de Control de la Actividad Económico-financiera de los Partidos Políticos y del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. Y después se ofreció a modificarlo para que pudieran obtener el respaldo del resto de grupos parlamentarios.
El acuerdo con el PSOE –el socio prioritario– llegó a ser muy sólido. De hecho, los populares, según fuentes del grupo parlamentario, tenían perfectamente estudiados todos los cambios legales colaterales que serían necesarios para poder suspender a los parlamentarios que acabasen sentados en el banquillo por corrupción y también a los concejales. La decisión supondría modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Tribunal del Jurado, el reglamento del Congreso y del Senado y la Ley de Régimen Electoral. Se suprimían y cambiaban artículos y se regulaba la «sustitución temporal» de diputados y senadores.
Finalmente los socialistas, que estaban de acuerdo con las medidas, rechazaron apoyarlo porque en aquel momento había estallado el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, los gastos de Rodrigo Rato, su declaración ante el juez como imputado y el PP, aseguraron, tardó mucho en tomar medidas contra los implicados.
Las leyes planteadas por el Partido Popular para hacer frente a la lacra de la corrupción fueron aprobadas únicamente con sus votos. Pero, por ejemplo, la suspensión de cargos públicos a los que se abra juicio oral acabó fuera de la propuesta por falta de consenso. Los socialistas han decidido ahora recuperarla pero para acordarla con Ciudadanos, al margen del PP.
EL MUNDO – 19/02/16