Consciente de que no hay otro camino para promover un cambio drástico, el PSOE prepara ya la presentación en el Congreso de proposiciones de ley para tumbar y sustituir con una alternativa dos de los principales edificios legales que levantó el Partido Popular a la sombra de su mayoría absoluta en el anterior mandato de Mariano Rajoy. Se trata de la reforma laboral y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida esta última como ley mordaza.
Los socialistas saben que la presentación de proposiciones no de ley –PNL en sus siglas parlamentarias– es lo más parecido a predicar en el desierto. No sirven para nada más allá de producir, con suerte, un limitado eco mediático el día en el que se debaten en el Congreso. Después quedan como simple llamamiento al Gobierno que no está obligado en ningún caso a dar curso y que, de hecho, arrincona en el fondo de un cajón hasta que mueren sumidas en el olvido.
No sirve de nada anunciar a bombo y platillo que se ha dado «el primer paso» para derogar leyes que la oposición considera injustas por el simple hecho de que el pleno de la Cámara haya aprobado en este sentido una PNL dejando en minoría al partido que sustenta al Gobierno. Son fuegos artificiales de cara a la galería y nada más.
Ayer, el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, anunció en su cara a cara con el presidente del Gobierno la intención de su grupo de utilizar su capacidad legislativa presentando una proposición de ley para derogar la llamada ley mordaza.
Más aún, Hernando dio un ultimátum al Ejecutivo instándole a cambiar la norma de arriba abajo antes de verse forzado a ello por los votos de la oposición.
«Tiene usted de plazo», retó a Rajoy, «hasta que se inicie la tramitación». «Si usted no quita la mordaza», advirtió, «la quitaremos nosotros».
La Ley de Seguridad Ciudadana es, en opinión del PSOE, una norma cargada de «ideología represiva», pensada para «condicionar la libertad» de expresión y protesta de los ciudadanos.
Unas acusaciones y una advertencia que no gustaron en absoluto al presidente. «Derogar no es la mejor manera de construir», afirmó un Rajoy que, en el fondo sabe, que algunas de las obras que levantó en la décima legislatura se tambalean.
«Decir que hay ausencia de derechos o libertades en este país es algo que no se cree nadie, y decir que no hay libertad de expresión o de manifestación parece una broma», argumentó el presidente a quien «absolutamente nadie» por la calle le ha dicho nunca «ni una sola palabra sobre la ley mordaza.
Más inquietud le suscita, en cualquier caso, la posibilidad de demolición de la reforma laboral, uno de los pilares, en su opinión, del vuelco económico hacia la creación de empleo y el crecimiento.
Y es que sobre ella también planea la amenaza de derogación. El PSOE busca ya complicidades y apoyos de otros grupos y de las organizaciones sindicales. Esta misma semana la Cámara aprobó una PNL urgiendo al Gobierno a modificar sustancialmente la normativa laboral aprobada en tiempos de crisis. El paso caerá en el vacío; los socialistas lo saben y ya se preparan para una actuación definitiva.
Ayer, la sesión de control al Gobierno ofreció además un chispeante enfrentamiento entre la vicepresidenta y el líder de Podemos.
Pablo Iglesias reclamó una reforma prácticamente completa de la Constitución para incluir en la misma, entre otras cosas, el reconocimiento de la plurinacionalidad y también para «proteger a los ciudadanos» del Gobierno. Y ante los recelos de la número dos del Ejecutivo, que preconiza un proceso medido y consensuado, le afeó considerar que la «democracia es un jaleo».
Santamaría devolvió el reproche lamentando la tendencia de Iglesias a «sembrar discordia» en lugar de trabajar en los ámbitos apropiados como por ejemplo en el seno de la Comisión Constitucional a cuya última reunión, precisamente para abordar el asunto de la reforma de la Carta Magna, el líder de Podemos no acudió. Y aprovechó para aconsejarle que guarde sus «lecciones de democracia» para Vistalegre II.