2. Farolillo rojo de la UE en recuperación económica tras la pandemia. 

3. Un gobierno autonómico caciquil y en acelerado proceso de ‘ndranghetación. 

4. Sentencias judiciales desobedecidas por ese mismo gobierno regional.

5. Un Consejo General del Poder Judicial sin renovar y a expensas del poder político.

6. El PIB con el freno de mano puesto por una política fiscal y laboral anacrónica y más propia del socialismo de los años 70 del siglo pasado que de una economía del siglo XXI. 

6. La hucha de las pensiones, discretamente quebrada.

7. La inflación, en máximos históricos.

8. Ministros que hacen campaña contra su propio país y a los que el propio presidente, atado de pies y manos por su dependencia de los radicales, no puede cesar. 

9. Los autónomos, amenazados de extinción por una política fiscal confiscatoria.

10. Una política energética, impuesta por Alemania en función de sus intereses industriales nacionales, que nos condena a la dependencia de regímenes hostiles.

11. Abandonados frente a Marruecos por nuestros aliados americanos, franceses y alemanes. 

12. Extremistas y populistas blanqueados por el Gobierno y firmemente asentados en los gobiernos de algunas comunidades autónomas e incluso en la Moncloa.

13. Polarización, fragmentación y crispación social, con los dos grandes partidos españoles en cifras de intención de voto que hacen imposible cualquier tipo de Ejecutivo que no pase por la extrema derecha, la extrema izquierda o los nacionalistas.

14. El cantonalismo, ese nacionalismo de provincias, amenazando con agravar la ya insostenible ingobernabilidad actual.

Este escenario, al que el Gobierno sólo opone como todo plan de futuro el voluntarismo de «la lluvia de millones» europea, aconsejaría a Moncloa evitar la apertura de nuevos frentes políticos potencialmente letales. Pero como esa Ucrania que, rodeada por las tropas rusas, no ha tenido mejor idea que entrar en una guerra comercial con Polonia, el Gobierno ha decidido declararle la guerra fiscal a Madrid.

El despropósito es ciclópeo. La armonización, un hachazo fiscal a la economía madrileña sin mayor objetivo que el punitivo, reintroducirá en Madrid los impuestos de sucesiones y patrimonio, prácticamente inexistentes en Europa, y que la Comunidad tiene bonificados casi en su totalidad como consecuencia del margen, legal y legítimo, del que disponen todas las comunidades (todas) en este terreno. 

Que los dos impulsores de esa armonización sean PNV y ERC, los partidos que gobiernan en las dos regiones más mimadas fiscalmente por el Gobierno, el verdadero putinismo español, sólo añade cinismo al conflicto. Con gusto Madrid aceptaría un régimen fiscal preconstitucional como el del concierto vasco o la pedrea de millones que con regularidad suiza le caen a Cataluña cuando el Gobierno necesita los votos de ERC.

La ley autonómica con la que la Comunidad de Madrid dice querer blindarse contra ese castigo fiscal a los ciudadanos y las empresas madrileñas no tiene mayor recorrido. Pero su objetivo no es ese, sino derivar el conflicto hacia los tribunales. Y no porque la batalla sea jurídica (el Gobierno lo tiene ganado) sino porque la guerra es propagandística y los argumentos con los que PSOE, Podemos, ERC y PNV deberán defender esa armonización a duras penas podrán ocultar el nepotismo y la injusticia de la decisión.  

Pocas ideas pueden ser tan impopulares hoy, con el hartazgo de los ciudadanos con la clase política (y los sindicatos) en niveles extraordinariamente peligrosos de descontento, como la imposición de nuevos impuestos por las exigencias caprichosas de aquellos cuyo objetivo declarado es la ruptura con España. ¿Para qué votan, entonces, los ciudadanos madrileños? ¿Para que sus impuestos los decidan los gobiernos regionales catalán y vasco desde Barcelona y Vitoria? 

Mención aparte merece Ximo Puig, uno de los principales impulsores de la teoría del dumping fiscal madrileño. En realidad, el presidente valenciano sólo intenta pescar en los caladeros electorales de Podemos, donde el antiayusismo es religión, mientras sangra por la mayor herida de su Gobierno: la incapacidad que la Comunidad Valenciana ha demostrado, con todas las circunstancias a su favor, para ocupar el espacio que Cataluña abandonó en 2017 como motor de la economía española. 

Pero Madrid es peligrosa para el PSOE por una segunda razón. A diferencia del PP de Mariano Rajoy, cuyo proyecto de país era inexistente, el PP madrileño sí ha demostrado tener una idea extraordinariamente clara para la España del futuro. Y la prueba de ello es que tanto el PP andaluz como el de Castilla y León están siguiendo a pies juntillas el manual ayusista tanto en el terreno electoral como el económico.

Nada sería más peligroso hoy para el PSOE que los españoles llegaran a la conclusión de que el modelo madrileño no es (como defienden las izquierdas y los nacionalistas) un modelo inexportable y que sólo tiene éxito por las especiales características de Madrid como capital del Estado, sino un modelo válido y aplicable en toda España.

Y de ahí la insistencia en que el modelo madrileño, que a diferencia de los sistemas vasco, navarro y catalán no se basa en ningún privilegio foral o político del que carecen las demás comunidades, es poco más que una peculiaridad regional absolutamente imposible de replicar en el resto de España. El cinismo clama al cielo: porque todas las comunidades podrían tener el modelo fiscal madrileño si quisieran, pero bajo ningún concepto podrían disfrutar de los modelos vasco, navarro y catalán. 

Si el PP logra convencer a los ciudadanos de que toda España podría ser como Madrid, tendrá las elecciones ganadas. El PSOE responderá a ello exacerbando los pequeños rencores regionales y provinciales. Es decir, el nacionalismo y el cantonalismo. No es fácil luchar contra el orgullo de aldea y campanario. Pero si el PP no encuentra la fórmula para hacerlo, Madrid será sólo todo aquello que pudo ser España, y nunca fue.