DIARIO VASCO, 24/8/11
El Gobierno aprueba el martes el proyecto y quiere que jeltzales y populares se retraten. Los peneuvistas cuestionan aspectos que recortan poder a las diputaciones y los populares detectan «falta de consenso»
La aprobación por el Gobierno Vasco del proyecto de Ley Municipal puede convertirse en el primer debate del curso político vasco. PNV y PP ya anuncian sus reticencias al anteproyecto elaborado por el Ejecutivo de Patxi López, que será aprobado el próximo martes en el primer consejo de gobierno tras las vacaciones que, como es tradición, se celebrará en el palacio Miramar de San Sebastián. La principal novedad de esta ley es que recorta poder a las diputaciones y trata de racionalizar y ordenar la financiación de los municipios, evitando duplicidades y disfunciones. Los socialistas necesitan el apoyo de uno de estos dos grandes partidos para sacar adelante la ley en el Parlamento Vasco.
Los peneuvistas, que gobiernan en Vizcaya, consideran que el PSE-EE busca, a través de esta norma, recortar el poder de las diputaciones forales y advierten de la imposibilidad jurídica de que desde el Parlamento Vasco, que debe aprobar la nueva ley, «se regule la distribución de los recursos del Concierto Económico». El PP, que lidera la Diputación de Álava y es socio del PSE-EE en Euskadi, anuncia una enmienda al proyecto si el Gobierno Vasco lo presenta «sin consenso».
El Gobierno Vasco espera con interés la postura que PNV y PP adopten sobre la Ley Municipal, una deuda histórica con los ayuntamientos vascos. Euskadi es la única comunidad autónoma sin norma que regule las competencias y financiación de los consistorios y los socialistas quieren atender la demanda de los municipios de todo signo. Por ello, el Ejecutivo autonómico pondrá de nuevo el debate sobre la mesa para que peneuvistas y populares se retraten. Los socialistas recalcan que la Ley Municipal es un deseo de los ayuntamientos, de todo signo político, y quiere comprobar si el PNV vuelve a acudir a la Junta Arbitral para paralizar la ley, como ya ocurrió en 2008 cuando las tres diputaciones, entonces en manos peneuvistas, paralizaron el proyecto del entonces gobierno de Ibarretxe.
El partido de Iñigo Urkullu está a la espera de que el Gobierno Vasco apruebe el proyecto y lo lleve a la tramitación parlamentaria, pero ya advierte de que la intención de que el Parlamento autonómico regule la distribución de los recursos del Concierto Económico, tarea que está residenciada en las Juntas Generales de cada territorio, es «antiestatutaria» y puede entrar en «serio conflicto» con la doctrina de la Comisión Arbitral encargada de regular el tema.
También alerta de la posibilidad de que la nueva ley añada a los ayuntamientos la potestad de desempeñar «competencias de prestación obligatoria», lo que, a juicio de las fuentes jeltzales consultadas, obligará a un cuestionable reajuste del sistema financiero vasco.
Evitar duplicidades
La formación peneuvista defiende que la facultad de la redistribución de los recursos a los ayuntamientos siga residiendo en las Juntas Generales, como «marca el Estatuto». El recorte del poder foral que acarrea la nueva ley es el principal obstáculo que observa el PNV, que sospecha que detrás de este proyecto se esconde un intento del Gobierno del PSE-EE de debilitar a las diputaciones y reforzar el papel del Ejecutivo autonómico. El lehendakari ha insistido estos meses por introducir el debate sobre la modificación de la LTH y la racionalización del entramado institucional para eliminar duplicidades y ahorrar costes que cree innecesarios.
No obstante, la clave para el gabinete de López residirá en la postura del PP. Los populares no ocultan su malestar por lo que consideran «falta de consenso» del Ejecutivo a la hora de elaborar el proyecto. Por tanto, tienen previsto enmendarlo, según fuentes populares. En todo caso, las diferencias con el partido de Antonio Basagoiti en principio residen más en la forma que en el fondo. Los populares quieren estudiar el contenido y se marcan como objetivo pactar con los socialistas el contenido final de la Ley Municipal. Pretenden que queden perfectamente delimitadas las competencias que asumirán los municipios y su financiación.
El PP recuerda que esta modificación afecta a todo el sistema de recaudación, por lo que pide al Gobierno que defina los recortes que pretende introducir. «Hay que evitar duplicidades y redistribuir poder, pero no se puede recortar por recortar», señalan fuentes populares. No obstante, los dos socios constitucionalistas tienen tiempo para negociar el contenido final de la ley antes de que se someta a votación parlamentario, un trámite que todavía se alargará unos meses.
Por contra, Bildu, partido que gobierna la Diputación de Gipuzkoa pero que no tiene presencia en el Parlamento Vasco – más allá del parlamentario de EA- sí coincide con los socialistas en otro punto clave de la nueva Ley Municipal, la introducción de modificaciones en la Ley de Territorios Históricos (LTH), la norma que rige la actual y compleja arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma Vasca.
DIARIO VASCO, 24/8/11