JUAN CARLOS GIRAUTA, ABC 03/03/13
· De creer a Duran, estamos ante «un error gravísimo». No se refiere a que el Parlament declare la soberanía de Cataluña, sino a que el Gobierno español lo impugne. No sin cierta parsimonia, por cierto. Dejó que lo estudiara la Abogacía del Estado, luego esperó a que emitiera informe el Consejo de Estado, y finalmente el Consejo de Ministros ha hablado. Y parece que sí, que el acto tiene efectos, y que no es muy legal porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, la Nación española tiene una unidad indisoluble y la patria es indivisible. No era necesario agotar los anaqueles, son cosas que aparecen en los dos primeros artículos de la Constitución.
Con todo, quizá la parsimonia no sea tan mala. A muchos nos habría gustado un recurso veloz como el rayo, que no diera tiempo siquiera a aprobar la pieza con toda su pompa y circunstancia. Pero reconozcamos que la lentitud de la máquina estatal puede tener un carácter virtuoso. ¿Cómo expresarlo? Hay algo aplastante en el enfoque burocrático del asunto, en los pasos de elefante. Frente a la dudosa visión del Estado como gacela, se impone el perezoso, inexorable despliegue proboscidio.
Hay un aviso que dice: nada se sustrae a la normalidad de la ley, a sus cauces tranquilos. El Estado no precisa nervio ni apremio ni aspavientos porque tiene la razón. Y no hablo de la razón de Estado; hablo del Estado como materialización de la razón. Ya sé, ya sé que la burocracia es detestable, pero no deja de ser una potente forma de enfrentar los desafíos a la integridad. «A vuestra descabellada aceleración de la historia, nacionalistas, yo respondo con mi lastre, mis trámites, mi pachorra», parece decir una voz de arriba. Rellénenme esos formularios, séllenlos y deposítenlos en las ventanillas adecuadas, que ya les llegará el «no» en su momento.
La declaración de marras afirma que el pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano. En primero de Derecho ya se ve que no es así. Pero detrás de la declaración también hay juristas. Nos olvidamos de que los convergentes, y los de Unió, y los de Esquerra, y los de más a la izquierda, es decir, todos los que votaron a favor de la cosa, saben que Cataluña no tiene ese carácter de sujeto soberano. No son idiotas. Ergo estaban realizando un acto constituyente, fundacional, creando un sujeto nuevo, y, a partir de esa creación, se disponen a obtener el reconocimiento «externo» español, europeo y mundial. De otro modo —no siendo idiotas, repito— habrían declarado que el pueblo de Cataluña debería ser un sujeto soberano, no que lo es.
¿Qué gobierno de qué Estado dejaría así las cosas? ¿Cuál se inhibiría ante un acto político solemne e institucional que da por diezmados soberanía, pueblo y territorio? Ninguno. La declaración establece derechos para el nuevo colectivo soberano: es un acto político de enjundia. Lo ha adoptado un parlamento, y produce efectos al poner en marcha mecanismos dirigidos a una consulta: es un acto jurídico. Pero para el presidente de la Generalidad, el gobierno español debería abstenerse de toda reacción que no fuera darlo por bueno. Denuncia Mas que la base democrática de España está mermando. Lo democrático sería, por lo visto, que Rajoy se pasara la Constitución, como él, por el arco del triunfo. Le aguarda un elefante.
JUAN CARLOS GIRAUTA, ABC 03/03/13