Ignacio Camacho-ABC

• El indulto a los sediciosos no detendrá el chantaje. Para los separatistas se trata sólo del primer plazo del rescate

Si la derecha no lo distrae con una sobreactuación, Pedro Sánchez está punto de arrojarse por un barranco. Y ni siquiera su escudero Redondo podrá salvarlo con el relato desesperado de la valentía, la concordia o el diálogo. Porque en el caso de que sobreviva políticamente al descalabro, sus propios aliados lo van a rematar cuando llegue abajo. Fiarse de Esquerra Republicana es ignorar la Historia: más temprano que tarde los separatistas lo acabarán traicionando y lo más probable es que lo hagan antes de que termine el mandato. El problema para el país no reside en que el presidente se despeñe de modo voluntario sino en los estragos que su entrega al independentismo puede causar al Estado. De no ser por eso nadie debería tratar de impedirle un salto que lo va a precipitar en el abismo del rechazo.

Toda la opinión pública española, incluso la que respalda con la nariz tapada a Sánchez, interpreta el inminente indulto a los líderes de la insurrección nacionalista como una cesión al chantaje que convirtió al Ejecutivo en rehén de los sediciosos catalanes, dueños de la llave que sostiene la mayoría parlamentaria sobre la inestable alianza Frankenstein. Pero la medida de gracia, auténtica revocación de la sentencia del Supremo, será sólo el pago de una parte o de un plazo del rescate. La coacción seguirá adelante cuando los presos salgan a la calle, porque los soberanistas consideran su liberación un derecho que debe ser reconocido con carácter previo a toda negociación con el Gobierno. Convencidos de hallarse en la cúpula de una jerarquía natural de privilegios, no se conformarán con eso ni mostrarán la más mínima señal de agradecimiento. Para ellos se trata sólo de una factura pendiente desde hace tiempo, el primer pagaré de un acuerdo cuyas condiciones pueden anular en cualquier momento o modificar a su antojo con exigencias -el referéndum, por ejemplo- que saben de imposible cumplimiento.

Al aceptar esta extorsión con carácter indefinido y creer que puede obtener de ella un beneficio, el presidente se está secuestrando a sí mismo. Él es quien ha decidido hipotecar su proyecto y su destino alquilando el poder a una partida de desaprensivos. Es suya la voluntad, rayana en la prevaricación, de ignorar un veredicto judicial para perdonar por su cuenta un grave delito. Es Su Persona la que ha suscrito con los adversarios de la Constitución un compromiso ilegítimo que falta al deber de respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico. Es su exclusiva (ir)responsabilidad la de acusar a los tribunales de revanchismo. Y es sólo él quien, imbuido de delirio bonapartista, desoye todos los avisos de cordura para asomarse al precipicio. En su capricho lleva implícito el peligro de recibir el castigo. Si el indulto acaba anulado o si los secesionistas lo dejan vendido, será la nación la que le extienda el finiquito.