En cuanto el Rey encargue la investidura a Sánchez (acotación: se trata de un encargo ineludible por mucho que insistan quienes desean que el monarca practique los mismos trucos filibusteros del aspirante), el presidente en funciones volverá a entrar en campaña. No para conseguir los votos de la mayoría parlamentaria sino para desplegar ante la opinión pública el relato justificativo y paulatino de una amnistía que a falta de retoques técnicos está ya negociada. Al principio sin mencionarla, como ayer en La Rinconada, pero en cuanto quede lista lo veremos lanzarse a una ronda mediática donde explicará con tono de responsabilidad impostada las profundas razones de Estado que le empujan a incumplir por enésima vez su palabra. El avance social, la pacificación catalana y todas esas habituales zarandajas destinadas a convencer a los españoles de que el perdón a los golpistas, la desautorización de la justicia y la rendición al chantaje separatista son buenos para España pese a que hoy mismo, aniversario de la insurrección, sus autores proclamarán de nuevo en voz bien alta la voluntad de volver a las andadas. Una vez más, las mentiras sanchistas no comprometerán al que las dice sino a los que estén dispuestos a convalidarlas. Porque la realidad es que toda esa quincallería argumental resulta innecesaria: la mitad de los españoles no va a tragársela y a la otra mitad le da igual lo que el Gobierno haga siempre que sirva para sostenerse en el poder durante otra temporada, a ser posible larga. La razón pragmática, o más bien la razón sectaria, tiene la ventaja de no ser quisquillosa a la hora de buscar coartadas.

Con todo, quedan dos escollos. El primero, que aun cuando la amnistía –la liebre eléctrica de esta carrera contra el tiempo– quede aprobada en el Parlamento, su aplicación puede demorarse si el Supremo plantea una cuestión de constitucionalidad que suspenda de forma provisional su efecto. El segundo y más serio puede surgir si el independentismo se aferra al empeño de añadir a sus exigencias la celebración de un referéndum. Ése es el meollo del pacto, su verdadero precio, y será difícil que el jefe del Ejecutivo se atreva en una primera fase tanto a negarlo como a prometerlo. Moncloa guarda al respecto la baza de una consulta «no vinculante» (ejem), ligada a los acuerdos de la Mesa bilateral de ‘diálogo’, como manera de posponer el asunto hasta mejor momento sin correr demasiados riesgos. Al final, y sustanciada la condición primera, el sanchismo cuenta con el miedo compartido a la repetición electoral como factor esencial de entendimiento; algo así como «vamos a resolver ahora lo importante y luego ya veremos». ¿Probabilidades de éxito? Pongamos que a día de hoy entre un ochenta y cinco y un noventa por ciento. Y el resto queda a expensas de un Puigdemont cuyo futuro político y personal depende de su pronto regreso.