El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define ‘transterrar’ como «expulsar a alguien de un territorio, generalmente por motivos políticos».

Un reciente estudio de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU (‘El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica’) ha vuelto a poner de relieve el enorme daño que causó la actividad terrorista de ETA, que además contaba con el apoyo de su entorno político, y que forzó la salida masiva de muchos conciudadanos hacia otras latitudes. Aunque considero que este estudio es incompleto, y quizás parcial, en especial en lo referente a su alusión al «privilegio fiscal vasco», su análisis sobre la salida de personas de nuestro país es bastante certero. En el trabajo, se cifran en 180.000 las personas que tuvieron que abandonar Euskadi, desde 1977, por los efectos del terrorismo y la violencia política.

Hace ya casi 25 años, José María Calleja publicaba ‘La diáspora vasca. Historia de los condenados a irse de Euskadi por culpa del terrorismo de ETA’, y hacía un primer análisis en profundidad, desde su visión y situación de los años 90, sobre el exilio continuado que se estaba produciendo. Más tarde, en estos últimos años, ha habido otros trabajos de investigación y nuevas aportaciones, que han incorporado más testimonios y analizado el tema desde nuevos ángulos. Destacaré los realizados por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y la Fundación Bakeaz desde 2013, que se plasmaron en el libro ‘Misivas del Terror’ (Marcial Pons, 2017) o los de un grupo de investigadores de diferentes ámbitos que se reflejaron en el libro ‘Los empresarios y ETA’ (Nerea, 2020), que fue prologado por el lehendakari Urkullu. No obstante, el trabajo más específico sobre el exilio forzado de miles de vascos como consecuencia del terrorismo y la presión de su entorno político, y en ocasiones mediático, fue el coordinado por Antonio Rivera y Eduardo Mateo, que se presentó en el libro ‘Transterrados. Dejar Euskadi por el terrorismo’ (Catarata, 2022).

Las cifras varían ligeramente en los diferentes estudios, fundamentalmente por los años y perímetros considerados, pero podemos afirmar sin mucho riesgo de error que entre 150.000 y 200.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco, fundamentalmente en las décadas más duras de los 80 y 90. Los ‘transterrados’ fueron, en la mayoría de los casos, un tipo de víctimas silenciosas, que sufrieron la violencia de forma muy discreta y, en ocasiones, con indiferencia y pasividad por parte de sus convecinos, sumidos en el «silencio social frente al terror» que nos atenazó durante décadas. Pertenecían a casi todos los colectivos: periodistas, profesores, directivos, empresarios, profesionales liberales, autónomos, policías, políticos… Incluso deberíamos considerar también a todos aquellos que tuvieron que salir de Euskadi, no por ser amenazados directos, sino por ser trabajadores de las empresas que se vieron forzadas a deslocalizar hacia otros lugares sus centros productivos u oficinas centrales.

Como sociedad vasca y española, hoy tenemos una enorme responsabilidad. En el camino de consolidar la paz, y como dice en su web la viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco, «existen tareas relevantes y pendientes: la clarificación del pasado, el reconocimiento y reparación de todas las víctimas…».

Lamentablemente no podemos devolver la vida a los que fueron asesinados, ni curar las heridas de los que viven con secuelas irreparables, pero hoy estamos a tiempo de poder reparar el daño causado a los ‘transterrados’.

Quizás merece la pena rescatar, actualizar y dar continuidad a una iniciativa del Gobierno vasco de 2011. En ella, y con el trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco, se pretendía hacer un «Estudio exploratorio sobre la propuesta de un diseño de un programa público de reparación que facilite el retorno de los familiares de personas asesinadas y heridas por la organización terrorista ETA, así como de las personas secuestradas, agredidas, coaccionadas, amenazadas y/o que hayan sufrido daños causados por dicha organización, que manifiesten la voluntad de regresar a Euskadi». Fue el llamado ‘Plan Retorno’, que impulsó el lehendakari Patxi López, pero que no tuvo continuidad en los gobiernos posteriores. En dicho plan, y tras el capítulo de conclusiones, se reflejaban algunas propuestas concretas de trabajo, tanto en los diferentes ámbitos institucionales como de colaboración con los diversos colectivos implicados.

En el escenario actual, con todos los grupos políticos comprometidos con el camino de la paz y la convivencia, creo que solo se podrá avanzar si, como señalaba Calleja, «se llama para que vuelvan al País Vasco a todos los que tuvieron que abandonarlo por el terrorismo».

Como sociedad se lo debemos a las víctimas y hoy tenemos la oportunidad de trabajar con ese objetivo.