Ayer día 1 de octubre y mañana día 3, se cumplen cuatro años de dos hechos políticos muy importantes: un intento de golpe de Estado (o un golpe de Estado fallido, como prefieran) y un mensaje del Rey a los españoles en defensa del orden constitucional. Ambos acontecimientos son controvertidos: para unos no fue un golpe de Estado y el Rey se excedió en sus funciones; para otros, por el contrario, se produjo un golpe de Estado y el Rey actuó dentro del ámbito de sus deberes constitucionales. Veamos. 

El término golpe de Estado no tiene una determinación política precisa y no está tipificado en el mundo del Derecho. Sin embargo, hay una coincidencia general en que una acción de tal naturaleza no consiste solo en una mera desobediencia a la Constitución y las leyes, sino en un intento de cambiar el fundamento del orden constitucional sin utilizar los procedimientos establecidos. Siempre en estos casos se utiliza la violencia, aunque no sea necesariamente la violencia física, sino que basta la mera intimidación. Lo sustancial de un golpe de Estado es, por tanto, el objetivo y la manera fraudulenta de conseguirlo.

Franco, Pinochet y otras dictaduras latinoamericanas nos han acostumbrado a considerar los golpes de Estado como golpes militares, pero, si recordamos, Mussolini y Hitler llegaron a ser el Duce y el Führer sin recurrir a las fuerzas armadas. No todo golpe de Estado, por lo tanto, es un golpe militar. Basta con pretender derrocar mediante intimidación a los poderes legalmente establecidos por procedimientos contrarios a la Constitución y las leyes para que estemos ante un golpe de Estado. 

Desde este punto de vista, lo que sucedió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 fue un claro golpe de Estado, en grado de tentativa o consumado, no entraremos en ello. Desde el punto de vista penal, nuestro Tribunal Supremo consideró que se había producido un delito de sedición. A mi parecer hubiera sido más adecuado, tras escuchar las declaraciones del los acusados y los hechos probados, encajarla en el tipo delictivo de rebelión, aunque quizá solo en grado de tentativa. Pero tampoco podemos entretenernos en eso.

A veces se ciñe el golpe a la jornada del 1 de octubre o a las ambiguas declaraciones de independencia de Puigdemont en el ejercicio de su cargo de presidente de la Generalitat. Lo más curioso es que tales acciones, constitucionalmente subversivas, fueron anunciadas con antelación después de la constitución del Parlamento tras las elecciones autonómicas de fines de 2015, casi dos años antes. Entonces, a instancias de la CUP y antes de formar Gobierno, se estableció un plazo de 18 meses para que los catalanes ejercieran el derecho a decidir: tal decisión se llevó a cabo con un cierto retraso en octubre y noviembre de casi dos años después. 

Fue un golpe de Estado, por tanto, a cámara lenta, previamente anunciado. Mientras en el Gobierno se entretenían en interponer recursos contra leyes y actos de la Generalitat, desde el otro lado, desde la Generalitat, se buscaban cómplices en el extranjero, se creaba una red de activistas por la independencia, se elaboraban en el Parlamento los proyectos de ley que debían ser el instrumento para romper con la legalidad vigente: la ley de referéndum y una Constitución transitoria para Cataluña si este lo ganaban los secesionistas. Estas dos leyes se aprobaron el 6 y el 7 de septiembre, es inconcebible que al menos en este momento no se aplicara el artículo 155 de la Constitución, más que justificado, y nos habríamos ahorrado la trampa del 1 de octubre, los delitos, la cárcel, las condenas y los indultos que les han servido de propaganda. 

«A muchos nos recordó la alocución televisada de su padre en la noche el 23-F: ha salido el Rey y ha dicho que el golpe se acabó, todos a la cama» 

Ahí el único que supo estar en su lugar y defender la Constitución fue Felipe VI. En su sereno pero contundente mensaje a los españoles, el 3 de octubre les retornó la seguridad y la confianza en las instituciones constitucionales. A muchos nos recordó la alocución televisada de su padre en la noche el 23-F: ha salido el Rey y ha dicho que el golpe se acabó, todos a la cama. Fue tremendamente efectivo. ¿Por qué? Por su autoridad, algo más inmaterial que el simple poder. 

En efecto, el poder es otorgado a los gobernantes por la Constitución y las leyes de forma taxativa: se concreta el destinatario y sus competencias. La autoridad no es otorgada por las normas jurídicas, sino que debe ser reconocida por los ciudadanos. Ciertamente, la figura del rey, por su peculiar posición entre el conjunto de poderes, está en condiciones para que esta autoridad le sea reconocida. No es elegido, no pertenece a ningún partido, no detenta poder alguno, ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial: es una instancia neutral. Si a estas condiciones, señaladas por la Constitución, se le añaden determinadas cualidades personales como son la responsabilidad, la seriedad en el cometido de sus funciones, la inteligencia y el conocimiento de las materias que afectan o preocupan a los ciudadanos, este Rey tendrá autoridad. 

«Felipe VI fue el Rey de la Constitución, tuvo los suficientes reflejos para saber que había sufrido en Cataluña un ataque injustificable»

Todas estas cualidades se le reconocen a Felipe VI. En su mensaje televisado de la noche del 3 de octubre, las puso de manifiesto: fue el Rey de la Constitución, tuvo los suficientes reflejos para saber que había sufrido en Cataluña un ataque injustificable, fue la voz que muchos españoles estaban esperando para irse a la cama tranquilos. Como decía Jiménez de Parga, «el rey no gobierna, pero reina». Para ello hay que saber reinar. Aquella noche, el Rey que no debe gobernar porque no tiene poderes, supo utilizar la reserva de autoridad que posee: el Rey, reinó. 

A los cinco días, organizados por Sociedad Civil Catalana, cientos de miles de ciudadanos inundaron las calles de Barcelona en favor de la Constitución. Sin la seguridad que les dio el mensaje real ello no hubiera sido posible. La Corona no es una institución inútil, sino, como se comprobó aquel día, necesaria.