José Antonio Zarzalejos-El Confidencial

  • Pronto deberíamos averiguar si nos enfrentamos a una torpeza monumental del Gobierno con el Rey, con Cataluña y con Madrid o a un taimado propósito destituyente
 La explicación del veto del presidente del Gobierno a la asistencia del Rey a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces el pasado viernes en Barcelona, debida al ministro de Justicia, pone las cosas peor de lo que ya estaban. Negar el refrendo al jefe del Estado para desplazarse en territorio nacional para asistir a un acto institucional no puede fundamentarse jamás en “preservar la convivencia”, porque sería tanto como responsabilizar a Felipe VI de alterarla. Así no serían responsables de los altercados los independentistas que hostilizan al Rey, sino el titular de la Corona el que motivaría los eventuales disturbios que aquellos provocasen.

La suspicacia de que el presidente pueda albergar un plan para deteriorar la monarquía parlamentaria resulta verosímil con estas justificaciones tan banales a un veto que ha transmitido la abusiva sensación de que la ausencia del Rey en Barcelona constituía un sedicente ‘gesto’ a los partidos separatistas de los que dependen los Presupuestos y, por lo tanto, la estabilidad del Gobierno. El resultado de la decisión de Sánchez, sea un error, sea un oportunismo desleal, está ahí: una crisis constitucional a la que han dado vuelo los inanes ministros Garzón y Castells, respaldados por el vicepresidente Iglesias, sin desautorización ni tacha del jefe del Gobierno.

En qué situación nos encontramos: ¿ante un error de Sánchez y la constante deslealtad de los ministros de Unidas Podemos? ¿O quizás ante un plan de desestabilización de la monarquía parlamentaria a cuyo titular se le acusa de “maniobrar contra el Gobierno” sin que su presidente hasta el momento haya dicho ni media palabra? ¿Calla y otorga? Pronto deberíamos averiguarlo para saber a qué nos enfrentamos, si a una torpeza monumental o a un propósito destituyente.

A efectos puramente dialécticos, admitamos que ha sido un error que reparará Sánchez. Pero ¿cómo suprimir de las hemerotecas que este presidente recibió en julio de 2018 a Joaquim Torra en la Moncloa y que fue recibido por él —ya inhabilitado por el TSJC— en la Generalitat el 6 febrero de 2020 y de nuevo acogido en la sede de la presidencia del Gobierno el día 26 de ese mismo mes? El inhabilitado en firme Joaquim Torra ha sido el beneficiario de las mayores deferencias de Pedro Sánchez, sabiendo como sabía que su misión consistía en dinamitar la mesa de diálogo que tan desavisadamente (¿o no?) firmó el secretario general del PSOE con ERC para obtener la investidura, en claro abuso del constitucionalismo en Cataluña.

Incluso Gabriel Rufián le ganó el pulso al socialista cuando, tras anunciar Torra en enero las elecciones catalanas que nunca convocó, Sánchez aplazó la convocatoria de la mesa hasta que hubiera nuevo Ejecutivo en la Generalitat. En escasas horas, tras un ultimátum del portavoz republicano, el líder del PSOE se retractó y a los pocos días se presentó en el Palau de Sant Jaume, en donde tuvo que escuchar, otra vez más, que no hay acuerdo posible que no pase por la amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña.

La política catalana del Gobierno ha venido fracasando desde que ERC le tumbó los Presupuestos en 2019. Sus socios le están haciendo pasar un calvario de desplantes y desafíos que ingiere y digiere el presidente del Gobierno con una humildad franciscana. Y sigue subiendo la apuesta intentando palpar el techo de la satisfacción secesionista: ha puesto encima de la mesa indultos y, por si fuera poco, una reforma exprés de los delitos de sedición y rebelión.

La firmeza de la inhabilitación de Torra, resuelta este lunes por el Supremo, remite ‘ad calendas graecas’ la mesa de diálogo, pero va a obligar a Sánchez a ofrecer a ERC alguna baza para que en febrero o marzo de 2021 gane las elecciones catalanas: la libertad de los presos, por reducción de las penas de la sedición o, acaso, su exoneración por supresión del actual tipo penal y su sustitución por otro formulado de manera totalmente distinta. Es difícil manejar peor que Sánchez las bazas de las que disponía en este endiablado asunto. Ha cedido —¿con agrado?— sobre la presencia del Rey en Barcelona y queda abochornado por la suerte de un Torra al que le dedicó tiempo y complacencias y que termina como sus predecesores, estigmatizado por la Justicia.

Veamos una última —por el momento— prueba de la futilidad o de la inquina gubernamental. El lunes pasado, Sánchez —no se sabe si taimadamente o con sincero afán de lealtad institucional— dejó que la presidenta de Madrid preparase un obsceno sarao de banderas y oropeles en la Real Casa de Correos. En ese marco, entre ridículo y patético, ambas autoridades se juramentaron en el acuerdo y la coordinación. Transcurrida una semana, ni aquel ni esta: enfrentamiento total. De las entendederas de Isabel Díaz Ayuso ya estamos al cabo de la calle, pero ¿ha abusado Sánchez de la escasez política de la presidenta madrileña, de sus erróneas medidas sanitarias, de sus decisiones socialmente inadmisibles en la capital de España para dejarla en evidencia y desautorizarla ocho días después del evento de asiática estética en la Puerta del Sol?

De nuevo podríamos pensar que Pedro Sánchez ha errado, pero no se podría desautorizar a quien supusiese que ha tendido una trampa a un Gobierno autonómico como el de Madrid, que es el más frágil, el menos curtido y el más sesgado de cuantos rigen las comunidades españolas, excepción hecha del catalán, contando con el correlato de una oposición de izquierdas que responde simétricamente a las insuficiencias del Ejecutivo, incluso aumentándolas. Pasar de lo que vimos el lunes día 21 en Madrid a lo que podremos ver este martes o mañana solo cabe atribuirlo a una torpeza extrema de Sánchez o a un plan preconcebido para destrozar a la fácil adversaria que es Isabel Díaz Ayuso.

En todo caso, esto tiene un pésimo aspecto y un pronóstico inquietante.