El riesgo de balcanización de España

El Gobierno debe ofrecer a Cataluña un debate sobre el modelo de Estado en clave federal; y Cataluña, renunciar a una independencia que la hundiría económicamente

El pasado martes 11 de septiembre tuvo lugar en Barcelona una de las manifestaciones más multitudinarias de su historia reciente. Cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle bajo el lema de ‘Cataluña, un nuevo Estado en Europa’. Simultáneamente, el último sondeo del CIS revela que más del 50% de los catalanes son partidarios de la independencia. Si a este hecho añadimos el previsible resultado de las elecciones autonómicas vascas en donde los sondeos prevén que los partidos independentistas superen el 60% de los votos, no se puede negar que sobre España se está formando una tormenta perfecta cuyas consecuencias pueden ser desastrosas y para la que es urgente tomar medidas preventivas.

En el caso de Cataluña, la espiral independentista se ha justificado en el rechazo de los poderes centrales a aceptar el denominado ‘pacto fiscal’, esto es, un sistema de financiación similar al de los territorios forales. Ahora bien, el modelo aplicado en el País Vasco y Navarra no es susceptible de generalización. Primero –y desde un punto de vista jurídico– porque la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que es la que justifica la existencia de ese régimen singular, sólo es aplicable a esas dos comunidades. Segundo –y desde un punto de vista económico–, porque la extensión de ese modelo a otras regiones implicaría la quiebra del Estado. Sin embargo, una vez descartado el sistema foral sí que es cierto que pueden y deben analizarse otros modelos de financiación que resulten menos perjudiciales para Cataluña.

Los dirigentes catalanes apelan continuamente al «déficit fiscal» en virtud del cual Cataluña recauda y aporta a los ingresos del Estado mucho más de lo que recibe. La forma de plantear el problema es ya discutible porque Cataluña no aporta nada, son los ciudadanos de Cataluña individualmente considerados los que tributan, y si tienen mayor capacidad económica es lógico que, en un sistema fiscal progresivo, aporten más. En este sentido, el supuesto déficit fiscal de las comunidades autónomas de Madrid y de Baleares aun resulta mayor. En las demandas catalanas no hay atisbo alguno de autocrítica. La culpa de todos sus males es de Madrid, y por ello no dudan en pedir su rescate económico (6.000 millones de euros) al mismo poder del que quieren independizarse. De las posibles causas que expliquen las continuas pérdidas de competitividad de la economía catalana no se dice nada. De cómo los excesos reguladores del nacionalismo catalán han perjudicado a la economía catalana, tampoco. De la ineficacia de la gestión pública, de la corrupción, de los gastos superfluos, menos. Desde esta óptica, la apelación a la independencia es un salto al vacío. Salto que debe evitarse mediante una negociación política serena sobre el sistema autonómico, en general, y sobre su modelo de financiación en particular, en la que dejando a un lado la retórica huera por ambas partes se sienten las bases de un pacto político cuya traducción jurídico-constitucional no puede ser otra que un Estado federal.

Alemania podría ser en este sentido un referente. El reparto de competencias y el sistema de financiación no pueden continuar siendo un tema abierto permanentemente a la discusión y resuelto por mayorías coyunturales. Se trata de asuntos que deben ser recogidos en la Constitución. Desde esta óptica, el modelo alemán impide que tras la aplicación de los mecanismos de solidaridad, el orden de las regiones se vea alterado. Esto quiere decir que el ‘lander ‘que más recauda es el que más capacidad de gasto sigue conservando. En concreto, el ‘land’ de Hessen, que es el más rico, sigue manteniendo esa posición una vez aplicado el mecanismo de nivelación. Aunque no suene bien, esto supone que, constitucionalmente, se limita el alcance del principio de solidaridad. La solidaridad se mantiene, pero de forma parcial, de tal manera que si Madrid es la región con más ingresos y Extremadura la que menos, los mecanismos de solidaridad sirven para estrechar las diferencias, pero no para invertir las posiciones. Ahora Cataluña pasa de ser la tercera comunidad en recaudación a la décima en capacidad de gasto.

El problema está ahí, es un problema estructural del Estado, un problema de naturaleza constitucional, y hay que afrontarlo antes de que sea demasiado tarde. Resulta preocupante que mientras que la BBC abrió su informativo del día 11 con la noticia de la manifestación, TVE la relegara a una quinta posición. El Gobierno debe ofrecer a Cataluña la apertura de un debate sobre el modelo de Estado en clave federal, y Cataluña renunciar a una independencia que la hundiría económicamente al suponer su exclusión de la Unión Europea y del mercado único. Ese debate debiera culminar, inexcusablemente, en una reforma constitucional de gran calado con disolución de Cortes y referéndum obligatorio.

Las instituciones europeas están pendientes del déficit y del endeudamiento de Cataluña, y de otras comunidades, de las tensiones secesionistas y de la falta de rumbo de la dirección política de España. En este confuso y peligroso contexto es absolutamente necesaria una acción contundente que restablezca la confianza de nuestros socios y les demuestre que podemos evitar la balcanización de España. Una acción que ponga de manifiesto que en un mundo globalizado la independencia no es nunca la solución. Y es que el lema mismo de la manifestación de Barcelona era confuso. Cataluña (o el País Vasco) podrán ser un Estado en Europa, desde un punto exclusivamente geográfico, pero su secesión de España supondría su salida automática de la Unión Europea. Es cierto que podrían solicitar el ingreso, pero bastaría el veto de uno de los 27 Estados para impedirlo. El reto del Gobierno y de las fuerzas políticas defensoras de la unidad de España consiste en convencer a los nacionalistas de que formar parte de una España federal integrada en una Europa unida es una alternativa mucho más deseable que la de alumbrar un nuevo Kosovo.