Las propuestas hechas en la declaración del presidente Sánchez a la salida del Consejo de Ministros de anteayer son en general razonables pero en algún caso arriesgadas. Hasta la segunda mitad de este mes de agosto, la labor del Gobierno frente a la covid-19 suscitó el matizado apoyo de una buena parte de los españoles. Según los sondeos más fiables, a la pregunta de si el Gobierno había acertado en las medidas tomadas, la mayoría contestaba que no, que los errores habían sido múltiples y, por tanto, desaprobaban su actuación. Pero cuando a continuación se les preguntaba si otro Gobierno, de un color político distinto, lo hubiera hecho mejor, una mayoría similar opinaba que lo habría hecho igual de mal.

La aparentemente contradictoria respuesta siempre me pareció muy sensata. No estábamos preparados para semejante situación, la culpa no era de este Gobierno, tampoco de los anteriores, la culpa era más genérica: en la sociedad española no había consciencia de que una pandemia de esta magnitud podía suceder y no se habían previsto los remedios para hacerle frente. Con todas las contradicciones, errores y rectificaciones, hasta ahora las medidas adoptadas, en general, se han cumplido rigurosamente.

Pero han pasado más de cinco meses y el repunte de casos detectados vuelve a ser alarmante. En este momento, España es el país con más contagios de Europa y ello empieza a resultar incomprensible. Italia y Francia, países que en un primer momento tuvieron cifras de contagiados más altas o similares a España, no han experimentado tal repunte, al menos por ahora, a pesar de que las medidas constrictivas para combatir el virus han sido menores. Solo cabe visitar Francia en estas últimas semanas y casi nadie va por la calle con mascarilla, obligatoria en España. Los ciudadanos, pues, cumplimos. ¿Cumplen los gobernantes?

El desbarajuste actual hace pensar que ha habido errores y pone en cuestión la principal medida que anteayer propuso el presidente. Derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas para que ellas sean quienes propongan la declaración de estado de alarma parece indicar que el Gobierno central no quiere asumir la función directiva que le corresponde.

Si en marzo se decía con razón que el virus no entiende de territorios, ahora hay que sostener lo mismo, en esto la situación no ha cambiado. Cooperar y colaborar entre todos los poderes públicos, por supuesto. Pero la confianza la depositan los ciudadanos, de modo muy principal, en el Gobierno. Dar un paso atrás en esta posición central puede suscitar desconfianza: si en marzo fueron comprensivos con el Gobierno a pesar de sus errores, ahora ya no lo serán tanto y con razón. El cartero, sea en novela, en cine o en la realidad política, nunca llama dos veces.