Aquella confidencia fallida mostró la evidencia de que los círculos cercanos al poder conocían la existencia de una brigada de poceros de alcantarilla dedicados al trabajo sucio de extorsionar a la Policía y a la Justicia. Un Watergate celtibérico montado y dirigido desde el entorno de confianza sanchista, cuyas ramificaciones alcanzaban, como ahora sabemos, hasta la cúpula de la Benemérita misma, además de a directivos de empresas públicas y –según las conversaciones grabadas a Leire– al antiguo titular de la Fiscalía. Un asunto mucho más grave que las mordidas en términos de responsabilidad política, en la medida en que implica a autoridades del Estado en un tinglado mafioso de actividades subversivas. Con el detalle añadido de que la intriga comenzó a armarse a partir de los célebres cinco días de reflexión que se tomó el presidente tras la imputación penal de su esposa por tráfico de influencias y apropiación indebida. La ‘máquina del fango’ funcionando en las covachuelas monclovitas.

El caso no exige sólo dimisiones o ceses, que por supuesto; prefigura comparecencias judiciales. Y al menos estas últimas las habrá aunque de momento no caiga nadie. El ministro del Interior y el propio jefe del Gobierno van a tener que declarar, en principio como testigos, más pronto que tarde. La esperanza de circunscribir la crisis a una iniciativa personal de Cerdán –el inocente cuya honradez defendían hasta un minuto antes de verlo en la cárcel– no es sustentable: los indicios son demasiado numerosos y las dimensiones del montaje demasiado grandes. Las llamas abrasan al partido y al Ejecutivo, sospechosos verosímiles de instigar un monumental sabotaje, y la denuncia de ‘lawfare’ que los portavoces gubernamentales utilizaban para exculparse ha saltado por los aires. No hay cortafuegos para detener los incendios que se propagan por los tribunales llevándose por delante las últimas barreras protectoras construidas alrededor de Pedro Sánchez. Se está acabando el tiempo de las impunidades.