El séptimo mandamiento

EL gran problema de esta campaña electoral catalana consiste en que va a convertirse en un ruidoso diálogo de sordos, puesto que al ser ilegal su pretendido rango plebiscitario los partidos constitucionalistas no pueden entrar a discutir sobre el fondo del falso plebiscito. Así, mientras los secesionistas plantean el debate sobre una ficticia alternativa –sí o no– de independencia, sus contrincantes se deben limitar a la defensa de la legalidad vigente; sobra decir quién tiene ventaja en ese marco mental artificioso. Frente al horizonte mitológico de la emancipación, las fuerzas constitucionales quedan obligadas a la aburrida tarea de recordar la supremacía de las leyes. Una propuesta sentimental, de rupturismo emotivo, contra el prosaísmo pragmático y fatigoso de los compromisos y los deberes.

Sucede además que el nacionalismo lleva décadas construyendo una realidad virtual en la que la ley ha sido relegada como pauta de comportamiento. La llamada «construcción nacional» es el principio motor del orden soberanista, alfa y omega de todo su trabajo político. El desprecio al sistema jurídico del Estado alcanza tal grado de normalidad que el presidente Mas blasona de «astucia» cuando lo burla, convirtiendo en motivo de orgullo la traición a su juramento de cumplirlo y hacerlo cumplir. Sea en materia fiscal, lingüística, competencial, o educativa, no hay sentencia que las instituciones catalanas no hayan desoído. La desconexión que prometen empezó hace tiempo por el desentendimiento de las leyes.

Por eso las apelaciones contra el aventurerismo ilegal, como la muy sensata requisitoria firmada por Felipe González ayer mismo, no dejan de resultar bienintencionados brindis al vacío. Se dirigen a una opinión pública no sólo acomodada en la desobediencia sistemática de sus autoridades, sino complaciente o absentista ante la variante más grave de ilegalidad que cabe cometer en política: la corrupción. El régimen nacionalista se ha levantado sobre un agio estructural que empezaba por su propio fundador, autor confeso de un fraude continuado a Hacienda; seguía por las terminales ramificadas de sus familiares y amigos y terminaba en esa extensa trama extorsionista de comisiones que ojalá hubiesen sido sólo del tres por ciento. Bajo el eficaz mantra propagandístico de «España nos roba», el soberanismo ha desvalijado a Cataluña en general y a sus sectores de apoyo en particular, planteando sus metódicas exacciones como una especie de contribución a la causa emancipatoria. Todo ello bajo el silencio colaborativo de una burguesía sumisa y una clase dirigente entregada.

En este contexto político y (a)moral, el respeto a las normas sólo puede tener sentido imperativo pero ya no funciona como argumento de persuasión ni de convivencia. Cómo demonios les va a importar la Constitución a quienes han hecho costumbre de saltarse el séptimo mandamiento.