El sexo y el desprecio

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SANTIAGO GONZÁLEZ-EL MUNDO

Mi por tantos motivos admirado Jorge Bustos abordó el sábado el espinoso asunto de Vox, Cs y la violencia de género. Admitía que el partido naranja sostuvo posiciones como las actuales de Vox, pero loaba su arrepentimiento: «Cs se cayó de ese caballo pardo hace cuatro años ya». Pardo era uno de los que Abascal tenía en Amurrio y le pintaron a brochazos los etarras. La montura de Ciudadanos no podía ser parda, lo decía Alberti: «Caballo cuatralbo,/ jinete del pueblo/ que la tierra es tuya». Al menos hasta diciembre de 2015 (hace tres años, no cuatro), Cs mantenía posiciones similares a las que hoy le resultan insoportables en Vox. Las sostuvo con pundonor Marta Rivera de la Cruz en un debate en el que el socialista Antonio Hernando le reprochaba escandalizado querer eliminar el agravante de violencia de género. No estuvo mal ella al responder que «tan grave es que un niño vea como su padre mata a su madre, como que vea a su madre matar a su padre».

Se le escapaba la mayor: que el agravante de género era una galantería franquista de 1944. Desprecio de sexo, se llamaba, y estuvo vigente hasta 1983, con Felipe en La Moncloa y Fernando Ledesma como ministro de Justicia.

Defendió la eliminación en el Congreso un diputado socialista a quien yo tenía mucho afecto: Paco Granados, padre del secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granados, librero de Burgos en cuya trastienda me proveía yo de literatura antifranquista. Y lo hizo en nombre de la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.

El programa de Ciudadanos dedicaba tres páginas al tema y comenzaba con una frase atendible: «Defendemos la igualdad de los hombres y mujeres en todos los aspectos (…) y combatimos cualquier discriminación por razón de género y sexo». Al final del capítulo explicaba: «Pensamos que [la LIVG] debe ser modificada para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y la ineficacia de la propia ley». La asimetría penal fue bendecida por el Constitucional en 2008, cuando lo presidía Mª Emilia Casas, que venía a ser la Carmen Calvo del TC. Acatado y respetado, pero ¿con qué argumento puede alguien negarse a discutir las mismas posiciones que tenía hace tres años? Sobre la ineficacia, ¿quién puede negarse a evaluar el resultado de la aplicación de una ley para corregirla si procede?

Un voluntarioso ha dado a conocer el listado de chiringuitos andaluces de violencia de género. Son más de 2.200, enumerados en 87 páginas cuajadas de nombres. ¿Quién puede negarse a conocer el dinero público que cuesta todo eso y la eficacia/eficiencia del gasto? Un dato: de los 43 millones del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer sólo va a parar a víctimas de la violencia machista el 2,8%.

Propondré un caso al que borrar de las subvenciones: el que mantiene Francisca Granados en Granada. Esta tipa fue la asesora que calentó los cascos a Juana Rivas y la metió en un manglar en el que se ha encontrado cinco años de prisión y seis de privación de la patria potestad por haber secuestrado a sus propios hijos. Es un ejemplo.

Hay algunos aspectos de Vox que me impedirían entrar al club: la noción identitaria de la nación española, un suponer, y la confesionalidad religiosa, otro. Pero en el concierto de voces contrarias hay aspectos mucho más antidemocráticos, pongamos que la idea del cordón sanitario, la coincidencia en negar a 400.000 andaluces su derecho a la representación política y a los políticos que eligieron el derecho y el deber de representar a sus votantes.