El síndrome nacionalista del PSOE

LOS socialistas no renuncian al legado de Rodríguez Zapatero y siguen perseverando en su condición de comodines del nacionalismo cada vez que este necesita una válvula de escape de sus fracasos. Tras el revés plebiscitario –no electoral– que sufrió el separatismo catalán el 27-S, el PSOE ha vuelto a la carga con la reforma constitucional, como si los nacionalistas quisieran el encaje, y no el desencaje, constitucional de Cataluña. En esta carrera por marcar distancias con el PP a costa de diluirse en el magma de la nueva izquierda separatista y extremista, la última aportación la ha hecho el presidente valenciano, Ximo Puig, alardeando de una preocupante ignorancia sobre los principios del Estado de Derecho. Puig ha planteado no sólo definir Cataluña como nación en la Constitución, sino también recuperar los preceptos anulados por el Tribunal Constitucional –en concreto, por la mayoría de magistrados propuestos por el PSOE– en el Estatuto de Cataluña de 2006. Esta ocurrencia sería suficiente para descalificar a cualquier dirigente político, pero más aún a quien ostenta la más alta representación del Estado la Comunidad Valenciana. Lo que decide el Tribunal Constitucional es la última palabra en un Estado sometido al principio de jerarquía normativa. La máxima ley es la Constitución y no pueden existir normas contrarias a la Constitución. La propuesta de Puig es un disparate jurídico, pero también ético, porque revela hasta qué punto el socialismo está en decadencia moral al relativizar el valor del derecho en la democracia. No sólo es jurídicamente imposible «recuperar» los preceptos estatutarios anulados; es que políticamente supondría la derogación de la Constitución en Cataluña y la desaparición del principio de igualdad ante la ley.

La ignorancia de la ley es inexcusable en un presidente autonómico, tanto como la desmemoria. Puig olvida a conciencia, como el resto de compañeros de partido que creen que la causa del separatismo es la Constitución y el Estado autonómico, que los nacionalistas nunca consideraron el Estatuto de 2006 como el punto de llegada definitivo, sino como una estación de término. De hecho, Esquerra Republicana no lo apoyó, lo que significa que ni siquiera sirvió para unir a los nacionalistas catalanes. No es mejor ni más oportuna la propuesta de Puig de revisar la representación ante la Unión Europea, porque supondría, en definitiva, dar a los nacionalistas lo que no habrían conseguido con la independencia.

Ximo Puig debería tener cuidado con lo que dice, especialmente por su condición de representante de los valencianos, y ser consciente de que el nacionalismo es expansionista por definición. A Puig le convendría tener claros cuáles son los intereses que le corresponde defender. Lo mismo que al PSOE.