Nada más incorporarnos a la rutina después del largo puente de la Constitución, la principal preocupación de los ciudadanos se focaliza en el rápido disparo de los contagios por covid. No es preciso que nos lo cuenten los sondeos demoscópicos. Hasta los más ‘cocinados’ pueden entretenernos con otras cosas. Con los juicios paralelos al rey emérito, por ejemplo. Con el debido escándalo por el acoso que está sufriendo la familia que pretende que se cumpla la sentencia judicial que obliga, en Cataluña, a impartir el 25% de las asignaturas en castellano al ver que la Generalitat ampara esa persecución y La Moncloa se inhibe. El silencio del ministro Iceta ha sido clamoroso. O con la contrariedad que muchos han sentido con la designación de Isabel Celaá como nueva embajadora en el Vaticano por tratarse de una ex ministra de Educación que, en su polémica ley, quitó peso a la religión en el currículum escolar y encabezó una cruzada contra la educación concertada.

Pero la causa del insomnio de los ciudadanos es, junto a la incertidumbre económica y el paro, los nuevos brotes del covid que siguen tomando relevo a pesar de las vacunas. La tranquilidad de que estaríamos «a salvo» en cuanto estuviéramos vacunados por encima del 70% duró un suspiro. De la inmunidad de grupo (evito utilizar el término «rebaño» porque bastante aborregados estamos ya) ya nadie se atreve a hablar. Las sonrisas que teníamos que lucir al liberarnos de las mascarillas (expresión de la ministra de Sanidad, Carolina Darias) se nos empiezan a congelar.

La nueva variante ómicron ya se ha detectado en 87 países y tenemos que volver a las restricciones parciales para evitar males mayores. Los contagios no son letales pero la presión hospitalaria sube y las 17 comunidades autónomas deciden sus normas como buenamente pueden ante la falta de una legislación común. Es lo que hay en puerta de navidades. En un mes como el de diciembre, de extraordinarios desplazamientos interterritoriales. Es el caos jurídico lo que arredra. Todos sumidos en un mar de desconcierto ante la inhibición de Sánchez que lo confía todo a la vacunación de los más pequeños. Por mucho que los epidemiólogos lo aconsejaran, los hosteleros lo reclamaran y la oposición exigiera una legislación general para que las comunidades autónomas no quedaran al albur de las decisiones judiciales, Sánchez se lava las manos. La pasada semana, Pablo Casado propuso al presidente del Gobierno que presentara una ley de pandemias que el PP apoyaría. Pero el Tribunal Constitucional ya le ha tumbado a Sánchez dos estados de alarma y el cierre del Congreso. Y no quiere correr más riesgos que puedan provocar mayor desgaste de su imagen. Estamos rozando el riesgo alto.