EL CORREO, 20/7/12
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló ayer las ayudas al transporte que el Ayuntamiento de Durango ofrecía desde 2009 a familiares de presos de ETA. Los magistrados admiten así el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que avaló el acuerdo municipal.
El Supremo concluye que la Corporación de la localidad vizcaína incumplió la Ley General de Subvenciones, que obliga a concretar en un plan estratégico de ayudas los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsible y sus fuentes de financiación, todo ello supeditado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
En su fallo advierte de que «el plan estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención y el precepto es imperativo y categórico». Dado que no fue elaborado, los jueces estiman el recurso interpuesto, declarando la disconformidad a derecho del acto impugnado, que se anulado.
Asimismo, en la resolución se defiende la legitimación de la Abogacía del Estado para personarse en este asunto y velar por el «correcto cumplimiento» de la normativa básica por parte de otras administraciones públicas.
EL CORREO, 20/7/12