EL CORREO 13/11/14
· El tribunal con sede en Bilbao, que había pedido que el caso se llevara desde Madrid, tendrá que procesarle por ser aforado dentro de la última causa contra Batasuna
El último gran caso contra Batasuna, el que sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional el próximo enero a 35 representantes de la izquierda abertzale, tendrá capítulo propio en Euskadi. El Tribunal Supremo ha decidido que sea el Superior vasco el que se encargue de procesar a Hasier Arraiz, líder de Sortu, actual parlamentario de EH Bildu y que en 2007 fue detenido dentro de la misma investigación que las otras tres decenas de representantes independentistas –conocida como ‘sumario 4/08’– . La condición de aforado de Arraiz impide que sea juzgado junto al resto de imputados y provoca que su caso quede en manos de magistrados vascos.
El caso deberá ser ahora instruido por Roberto Saiz, el mismo juez que procesó a Ibarretxe y Patxi López
El Supremo ha ratificado, en un auto que se comunicó el pasado lunes, una decisión de la Audiencia Nacional de comienzos de año. En el auto en el que se decretaba la apertura de juicio contra los imputados por el llamado ‘caso Segura’ –la redada ordenada por el entonces juez Baltasar Garzón el 7 de octubre de 2007 para impedir presuntamente la reconstrucción de Batasuna–, la Audiencia argumentaba que Arraiz debía ser juzgado, pero se mostraba a favor de que, por su condición de aforado, el caso fuera tratado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Superior vasco.
El TSJPV, al conocer esa postura, presentó a finales de mayo una «cuestión de competencia» para que se decidiera cuál era el tribunal que debía quedarse con el proceso. Alegaba que no todos los hechos delictivos atribuidos al ahora líder de Sortu tuvieron lugar dentro del País Vasco –tres de las 28 reuniones sospechosas se produjeron en Navarra– y que, en ocasiones anteriores, ha sido el propio Supremo el que asumía estas causas de aforados que exceden de una comunidad autónoma.
En un auto de seis páginas redactado por el magistrado Joaquín Giménez, el Supremo mantiene el criterio de la Audiencia Nacional –que también apoya la Fiscalía– y envía el procedimiento al tribunal vasco, que deberá ahora iniciar los preparativos. De hecho, ya se designó al magistrado Roberto Saiz como instructor de esta causa. Saiz es el mismo juez que se encargó de investigar el caso que sentó en el banquillo al lehendakari Juan José Ibarretxe y al por entonces líder de la oposición Patxi López en 2009. Los dos fueron juzgados y absueltos por las reuniones que mantuvieron con el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, también imputado en aquel juicio.
Ahora, cinco años después, podría darse la misma imagen, la de un líder independentista en el banquillo de los acusados del TSJPV. El asunto no se resolverá, en todo caso, antes de que se celebre la vista oral del próximo enero en la Audiencia Nacional. Fuentes cercanas a la defensa de Arraiz reconocen que el caso está «muy verde» y que aún falta por llevar a cabo gran parte de la tramitación legal. El juicio, en todo caso, debería ser presidido por el actual máximo representante del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra.
Mayores ventajas
El que esta causa haya recaído en las instituciones judiciales vascas supone una ligera ventaja para el ahora presidente de Sortu. Hasier Arraiz tendrá más opciones de recurrir una hipotética sentencia condenatoria. Si el TSJPV le impusiera una pena, su caso podría ser revisado por el Supremo, en primera instancia, y luego, en amparo, por el Constitucional. Si la causa la hubiera dirimido el Supremo, como pedían los magistrados vascos, sólo le habría quedado la opción de recurrir ante el Constitucional.
El líder de Sortu seguirá así un camino procesal diferente al de otros dirigentes de su mismo partido. En el juicio que se celebrará en enero en la Audiencia Nacional están imputados, entre otros, uno de los portavoces de la formación, Pernando Barrena, y el responsable de comunicación, Juan Joxe Petrikorena. La vista oral se prolongará durante tres semanas. La Fiscalía pide diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación para todos los imputados, entre los que figuran exparlamentarias de EHAK como Nekane Erauskin y Karmele Berasategi y la exalcaldesa de Mondragón por ANV Ino Galparsoro.
En el escrito de calificación de la Audiencia Nacional se atribuye a Hasier Arraiz labores de «dinamización» en Álava de organizaciones ilegales como Ekin, Askatasuna y Batasuna. Según la Fiscalía de ese tribunal, el ahora dirigente de Sortu tuvo entre el 24 de marzo de 2006 y el cuatro de octubre de 2007, cuando fue detenido, «una participación muy activa» de actuar «al servicio de las actividades y finalidades de la organización terrorista ETA».