El Constitucional propinó ayer el segundo correctivo al Gobierno Sánchez, al estimar un recurso de amparo de Vox sobre el menoscabo de los derechos de participación política de los diputados que el decreto del Estado de alarma había producido al suspender los plazos reglamentarios para las iniciativas a tramitar en la Cámara.
El 14 de julio pasado ya había adelantado el Constitucional su estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad de Vox contra varios preceptos el decreto que declaró el estado de alarma, adoptándose medidas que se corresponderían mejor con la figura del estado de excepción más que el de alarma. No era constitucional la prohibición impuesta a los ciudadanos de circular por la vía pública, ni la de mantener reuniones privadas incluso en la esfera doméstica, ni la de imponerles una residencia inamovible. También anula la capacidad atribuida al ministro de Sanidad de modificar las medidas limitativas de la libertad de empresa.
En este asunto el grupo parlamentario Vox estuvo bastante solo y tuvo al principio algunas vacilaciones. Únicamente la entonces portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo se pronunció el 10 de marzo de 2020: “La democracia no se pone en cuarentena. Los parlamentos no se cierran ni en una guerra”. Ayer asistimos a un suave recular de su sustituta, Cuca Gamarra, que felicitó expresamente a Vox por el éxito de su iniciativa e hizo suya la valoración de su antecesora, aunque sin citarla y sin entrar en detalles sobre el apoyo de su partido a todas las prórrogas del estado de alarma salvo la última.
Hay en el Congreso de los Diputados dos figuras que se me antojan sobresalientes, lástima que a una de ellas la tengan tan preterida en su partido, digamos Cayetana. La otra es Macarena Olona, una cabeza jurídica como no hay otra en nuestra vida parlamentaria, a la que uno ya seguía y admiraba cuando ejercía de abogada del Estado en el País Vasco. Ella ha sido artífice de estas dos resoluciones del TC, pero no solo. También consiguió que el órgano garante de la Constitución anulara y declarase inconstitucional el decreto que permitió a Pablo Iglesias formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, que supervisa y regula los trabajos del CNI. Fue el 13 de mayo pasado, en el aniversario de la Virgen de Fátima, para más inri. Obtuvo también otra victoria cuando el TC archivó el recurso de Isabel Celaá contra el pin parental y tiene una veintena de recursos planteados: contra la Ley de Educación, contra los indultos a los golpistas catalanes, por el cordón sanitario que le impidió a Vox contar con un senador autonómico. Su último intento es personarse en Italia como acusación contra Puigdemont, cuya detención por orden del Supremo declaró ayer vigente el Constitucional. Mientras, Meritxell, mi Meritxell, esa inutilidad jurídica e intelectual sigue sin dimitir.
He aquí un asunto del mayor interés para explicarnos la lógica que anima a la política española. Cómo será posible, se pregunta uno, que al tercer partido de la democracia española se le nieguen las credenciales democráticas y el espíritu constitucional, se le regale el insulto de ‘ultraderecha’ por Sánchez y su cuadri. Ningún otro partido ha demostrado tanto apego a la legalidad.