EL MUNDO 03/12/15 – EDITORIAL
· Con una diligencia sin precedentes y en tan sólo tres semanas, el Tribunal Constitucional decidió ayer asumir el recurso del Gobierno y declarar nula de pleno de derecho la resolución independentista, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre.
Hay que subrayar que el fallo se ha producido por unanimidad de los 11 magistrados, que desde el primer momento no han tenido dudas de que esa resolución era no ya sólo inconstitucional sino además un desafío al Estado de Derecho, como así lo expresan.
En sus fundamentos, la sentencia del Constitucional empieza por desmontar el argumento del Parlamento catalán de que el texto aprobado era una moción política sin consecuencias jurídicas. El fallo sostiene que sí que las tiene por cuanto proclama la apertura de un proceso constituyente y una hoja de ruta para crear una república independiente.
Tal y como alegaba en el recurso la abogacía del Estado, el Constitucional considera que «en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano y lo es de manera exclusiva e indivisible» de suerte que «ningún órgano del Estado o ninguna fracción de la población» puede arrogarse esa potestad. Igualmente señala que todas las decisiones «están sometidas sin excepción a la Constitución sin que existan espacios libres para el poder político». Por tanto, concluye que la resolución independentista viola los artículos 1, 2, 9 y 168 de la Constitución, además del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La sentencia subraya que resulta una falacia contraponer «legitimidad democrática y legalidad constitucional», puesto que la legitimidad de las leyes y las actuaciones del poder político se sustentan en el acatamiento del ordenamiento jurídico. Sin respeto a la ley, no hay legitimidad posible.
También recuerda que las comunidades autónomas forman parte del Estado y, por tanto, están obligadas a cumplir con sus obligaciones y a garantizar el principio de legalidad. En este caso, asegura la sentencia, se parte no ya de una mala interpretación sino de un «expreso rechazo» a la Constitución por «un poder que se reclama depositario de la soberanía» y niega el vigente ordenamiento «para fundar un nuevo orden político, liberado de toda atadura jurídica».
«La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad», concluye el Constitucional.
Poco o nada se puede añadir a este fallo del Tribunal que desmonta todas las falacias del independentismo catalán y convierte en papel mojado esa resolución. Quien la intente aplicar a partir de hoy habrá cruzado una línea roja y, por tanto, cualquier iniciativa para llevar a la práctica esa declaración será un delito perseguible por la Justicia. Y también hay que recordar que, tras la reforma aprobada hace unos meses, el Constitucional puede suspender a cualquier autoridad o funcionario que vulnere su sentencia.
En este sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación a los alcaldes y concejales de cinco municipios catalanes que se han sumado a la resolución del 9 de noviembre. La Fiscalía considera con razón que se han podido cometer delitos de sedición, prevaricación, desobediencia y otros.
Hasta ahora este tipo de actuaciones habían quedado impunes, pero ha llegado el momento de que el peso de la ley recaiga sobre quienes no la respetan e incluso se jactan de que van a seguir desobedeciéndola pese a lo que ha fallado el Constitucional.
Veremos si mantienen ese actitud cuando sean llamados a declarar por un juez de la Audiencia Nacional.
EL MUNDO 03/12/15 – EDITORIAL