ABC 23/01/17
· Conscientes de la amenaza rupturista, PP y PSOE pactarán la renovación de los cuatro nuevos magistrados
Un nuevo TC, de mayoría conservadora por segunda vez consecutiva en su historia, afrontará este año entre otras cuestiones el desafío secesionista catalán. La renovación de un tercio de sus miembros, los cuatro cuyo nombramiento corresponde al Senado, no alterará previsiblemente la relación de fuerzas en el órgano de garantías, donde se dirimen la constitucionalidad de las leyes o los conflictos institucionales. Pero será otro tribunal el que tendrá que hacer frente a la ofensiva nacionalista, que incluye un referéndum en otoño. La incógnita ahora es saber si el nuevo TC seguirá manteniendo la unanimidad en sus decisiones en torno a esta cuestión.
Ante el momento especialmente delicado que vive España, PP y PSOE son conscientes de que este tribunal es una pieza fundamental para mantener el orden constitucional y de que, más allá de sensibilidades ideológicas, lo que se necesita son magistrados «con sentido de Estado». Ya ha habido conversaciones para consensuarlos.
La salida del presidente, Francisco Pérez de los Cobos, junto con la de la vicepresidenta, Adela Asua (las otras renovaciones son las del magistrado Ricardo Enríquez y la del fallecido Luis Ortega), abre también dos vacantes en estas plazas clave en el tribunal, que tradicionalmente ocupan los magistrados más antiguos, los que fueron nombrados por el Congreso en julio de 2012. Aunque esta elección se hará más adelante, con el nuevo TC ya constituido, a día de hoy todo apunta a que el candidato que tiene más posibilidades de ocupar esa plaza es el magistrado Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho. Sin embargo, su pasado político (fue diputado del PP) y las reticencias que su nombramiento como presidente puede generar en el resto de magistrados por esta circunstancia, podrían desembocar en un acuerdo entre los propios miembros del tribunal para consensuar otro candidato que esté menos «marcado». Y aquí tiene muchas posibilidades Pedro González Trevijano.
Lo que se da por hecho es que la vicepresidencia del Tribunal recaerá en Encarnación Roca, la única mujer que quedaría en el TC tras la salida de Asua si con esta próxima renovación no entrara en el órgano ninguna jurista. En los últimos tiempos las posiciones de Roca, propuesta por CiU, han estado más cerca de la mayoría conservadora que de los magistrados progresistas en todos los asuntos relacionados con la ofensiva independentista en Cataluña.
Prorrogado al 10 de febrero
El mandato de los cuatro magistrados terminó el 29 de diciembre y, pese a que desde el Tribunal se recordó a la Cámara Alta esta circunstancia seis meses antes, a día de hoy solo unos pocos parlamentos autonómicos (Baleares, Navarra y Galicia) han propuesto candidatos. Hace unos días el Senado prorrogó este plazo hasta el 10 de febrero, con lo que no se espera que la renovación se aborde hasta finales de ese mes. Es cierto que en otras ocasiones, en concreto en la anterior que correspondió al Senado, este trámite tardó tres años por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, pero ahora el interés del PP por mantener a Ricardo Enríquez obliga a que los nuevos nombramientos se lleven a cabo con rapidez.
A diferencia de sus compañeros, Enríquez llegó al TC en marzo de 2014 (y no en 2010) en sustitución de Francisco Hernando, que falleció. La ley prevé que si un magistrado lleva menos de tres años en el Tribunal, pueda optar a la reelección de forma inmediata, por lo que si el PP quiere que Enríquez continúe, esa renovación se tendría que producir antes del 17 de marzo, fecha del real decreto de su nombramiento.
Los populares, con mayoría absoluta en el Senado, tienen en sus manos la renovación de las plazas de Pérez de los Cobos y de Hernando. Si en la de Hernando se queda Enríquez, la propuesta del PP sería ya la de un solo candidato. A día de hoy tienen posibilidades el magistrado del Supremo José Manuel Sieira (propuesto por el Parlamento gallego); el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán, cuya mujer trabajó con María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha; el también vocal y magistrado del Supremo Rafael Fernández Valverde; el exjuez de Estrasburgo y hoy abogado del Estado Javier Borrego, el jurista y exdiputado popular Ignacio Astarloa, y la catedrática de Derecho Administrativo Blanca Lozano.
Respecto a los otros dos candidatos, uno vendrá de la mano del PSOE (el que corresponde a la plaza del fallecido Luis Ortega), y el cuarto será con toda probabilidad un magistrado de consenso. Sobre el primero, desde la dirección del PSOE no se ve con malos ojos la candidatura del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. No sería la primera vez que se intenta el desembarco de Pumpido en el órgano de garantías: se quedó fuera de la renovación que correspondía al Congreso en 2010 y posteriormente de la del CGPJ en 2013.
Visto bueno de Ciudadanos
También cuentan con posibilidades el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, quien puede disponer de apoyos en el Parlamento extremeño; el exvocal del CGPJ Félix Azón (por Aragón), el catedrático Víctor Moreno (Andalucía) o el exvocal del CGPJ y actual diputado socialista Juan Carlos Campo. Respecto al cuarto candidato, el PP quiere que el nombre consensuado con el PSOE cuente con el visto bueno de Ciudadanos. No en vano la justicia era un asunto clave en el pacto de investidura que Rajoy firmó con Rivera. El prestigioso catedrático Francesc de Carreras puede encajar.