Al parecer, el expresidente habría intentado contactar con sus amigos en los países árabes para conseguir los papeles que aclaren su origen y expliquen que se trató de un regalo y no de una herencia, como inicialmente se dijo, ni de un método de blanqueo de capitales, como sugería lo que también se publicó acerca de cómo, su presunto testaferro, ‘Julito’ Martínez, presumía antes de ser detenido de que «en Dubái puedes gastarte dos millones y medio de euros en joyas y no pasa nada». Pero, incluso siendo así, el asunto de las joyas tendría difícil justificación. Porque no es únicamente un problema de legalidad, sino de ejemplaridad. Lo que para alguien que ha llevado a gala ser el «faro moral» de su partido adquiere una relevancia capital.

Durante años, una parte de la izquierda española construyó su identidad sobre la convicción de que representaba una suerte de «reserva ética» frente a una derecha corrupta por naturaleza. («Grábenselo a fuego, señorías del PSOE: la izquierda no puede robar. Esta gente sí. Nosotros no. (…) La derecha puede robar, pero cuando la izquierda roba, nos vamos al carajo», ha sido la tesis defendida por gente como Gabriel Rufián que ayer se sumaba al coro de quienes piden elecciones ya.

De ahí que resulte tan revelador analizar las contorsiones argumentales y narrativas exculpatorias de los defensores, más o menos espontáneos, que le han salido a ZP desde que el juez le llamara a capítulo, han desplegado en un intento de normalizar conductas que en otro tiempo habrían denunciado con enorme contundencia, en tono sacerdotal.

El caso más llamativo ha sido el del hasta ahora siempre discreto exministro Miguel Sebastián, quien llegó a afirmar que la recepción de valiosos regalos por parte de dirigentes políticos ha sido una práctica habitual de gobiernos y ministerios desde siempre en la democracia española.

La noticia no pareció sorprender a nadie. Pero, lejos de diluir la responsabilidad de Zapatero (de quien el exministro es ahora asesor de cabecera para sus negocios en China) como pretendía, lleva implícito el reconocimiento de su culpabilidad. Y, más allá de eso, es la certificación de que los mismos que consideraban los trajes regalados a Camps motivo suficiente para apartarlo del poder y sentarlo en el banquillo de los acusados, los que impulsaron una fiscalidad confiscatoria que obliga a declarar y tributar hasta por los regalos de boda a cualquier ciudadano, ven perfectamente normal que alrededor del poder circulen obsequios valiosísimos a cambio de quien sabe qué clase de favores.

La hipocresía no es delito. Pero no hay nada que cause mayor descrédito que la constatación de que mientras el contribuyente se ve obligado a justificar hasta el último céntimo que percibe, ciertos dirigentes parecen sentirse dispensados incluso hasta de rendir cuentas.

La historia de la infamia política está llena de gobernantes que cayeron por exigir a los demás estándares de integridad que nunca estuvieron dispuestos a aplicarse a sí mismos.