Editorial-El Correo

  • Es una anomalía que la directora del instituto armado desacredite los informes de su propia unidad de élite judicial para minimizar sus contactos con la ‘fontanera’

La comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, puso ayer de manifiesto una aparente anomalía en democracia. En su intento por desvincularse de la presunta trama urdida para torpedear los procesos judiciales incómodos para el PSOE, la máxima responsable del instituto armado basó su defensa en desacreditar, relativizar o contradecir los informes de su propia unidad de élite judicial. En este insólito pulso entre los investigadores de la UCO y su propio mando, es la Guardia Civil la que corre el mayor riesgo de desgaste institucional.

Las revelaciones policiales obligaron a la directora a rectificar el alcance de sus contactos y reconocer dos reuniones en persona con Leire Díez, señalada como la activista más dinámica de estas ‘cloacas’. Aunque González negó presiones hacia los agentes que investigan las causas que salpican al entorno socialista y cualquier influencia de la ‘fontanera’, los indicios documentados por la UCO apuntan en dirección contraria: sospechan que Díez «se valió de su relación» con la directora para espolear investigaciones internas y expedientes contra los propios agentes judiciales, bajo la supuesta cobertura económica de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

El contraste de relatos muestra dos versiones contrapuestas. Frente a la gravedad descrita por la UCO, que documenta borrados automáticos de mensajes temporales justo cuando la trama intentaba influir en la cúpula, González pretendió reducir el escándalo a un encuentro casi informal: «No he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez, solo me he tomado dos cafés. Punto». Lejos de sofocar la crisis, la pretendida anécdota eleva las sospechas sobre la figura de Díez: una ‘fontanera’ sin cargo público conocido capaz de arrastrar a la directora de la Guardia Civil a citas presenciales, intercambiar miles de mensajes con Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, o despachar habitualmente con Cerdán en la sede de Ferraz.

Mientras el escándalo se sustancia en tribunales y comisiones parlamentarias, la política permite a Sánchez seguir adelante, aun a trompicones. PSOE y Sumar frenaron ayer el intento de PP y Junts de plantear en el Congreso el adelanto electoral. La frustrada votación dio un respiro al PNV, que de haber seguido adelante la enmienda le hubiera obligado a un incómodo retrato. Apoyar hoy las elecciones anticipadas, como reclama Aitor Esteban, situaría a los jeltzales junto a Vox o en el escaño de la incoherencia.