JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS-EL CONFIDENCIAL

Urkullu y Torra no asistirán a la Conferencia de Presidentes acreditando su deslealtad mientras Vox trata de erosionar a Casado y al PP con una moción que recompondrá la mayoría de investidura

Con una cierta irritación, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno adujo el pasado martes que la asistencia, mañana en San Millán de la Cogolla (Rioja), a la conferencia de presidentes, era “obligatoria”. No lo es. Se creó por el presidente Rodríguez Zapatero –anunció su constitución en su discurso de investidura en 2004- y se reunió por primera vez ese mismo año, el 28 de octubre. Después, los encuentros presenciales se reiteraron en 2005, 2007 y 2009. Y con Mariano Rajoy en 2012 y 2017. Solo existe un reglamento regulador aprobado por orden ministerial (18 de diciembre de 2009). A todas estas citas presenciales ha asistido el Rey y allí va a estar mañana Felipe VI.

En ese texto administrativo se determina que la conferencia es el “máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”, advirtiendo de que sus miembros “actuarán según el principio de lealtad institucional”. Por lo demás, “sus acuerdos o recomendaciones” tendrán la consideración de “compromisos políticos”. Esta norma fija frecuencia anual mínima para estas reuniones que con motivo del estado de alarma por la pandemia se han celebrado de manera virtual en 14 ocasiones entre los meses de marzo y junio

La conferencia de mañana es importante por las circunstancias sociales, económicas e institucionales de España. La inasistencia de cualquier presidente autonómico será, esta vez sí, imperdonable, por insolidaria y desleal. La de Joaquim Torra, que pretende participar virtualmente, parece poco verosímil por mucho que se la haya rogado el propio presidente del Gobierno. Se da por descontada la ausencia de Iñigo Urkullu, pese a que Sánchez le ha pedido expresamente que acuda, ya que antepone a la emergencia que vivimos el ritmo de la metodología negociadora de los intereses de su comunidad sobre los del conjunto del país que requiere de una imagen potente de concertación. Ambos presidentes, por otra parte, incumplen con sus obligaciones en relación con el conjunto de los ciudadanos de Cataluña y País Vasco a los que representan en su totalidad. Cuando les conviene, olvidan que son representantes ordinarios del Estado en sus respectivos territorios. Tienen margen todavía para rectificar.

El PNV (6 escaños) y ERC (13 escaños), los dos partidos integrantes de los Gobiernos vasco y catalán, son socios de Pedro Sánchez, contribuyeron, por activa y por pasiva, respectivamente, a su investidura y pretenden seguir desempeñando ese papel que les reporta solo ventajas y ningún inconveniente. Son socios literalmente insoportables que se mueven a estímulos de beneficios territoriales, competenciales o económicos, pero que se desentienden del conjunto de España. Las posiciones del uno y del otro son abusivas para todos los españoles y, singularmente, para los ciudadanos de sus comunidades. Y lo son de manera especial en estos tiempos de incertidumbre, inquietud y zozobra generales.

Buena parte de la responsabilidad corresponde a Pedro Sánchez, que adopta unas veces posiciones sectarias y complacientes con los desleales y, otras, exigentes y rigurosas. El presidente del Gobierno está en sus parlamentarias manos por insufribles que sean los desplantes y veleidades de nacionalistas e independentistas. Y volverá a depender de ellos, clamorosamente, si Vox consuma el error estratégico de presentar en septiembre una moción de censura contra el socialista que, aunque podría deteriorarle, reiteraría su secuestro por sus veleidosos socios y les robustecería más aún. A quien Abascal, no obstante, quiere hacer daño es a Pablo Casado y al PP, que ya han anunciado que no secundarán “maniobras de distracción”. Esta moción de los radicales es muy similar a la de los otros –la de Podemos en 2017- presentada para que se retratase el PSOE. Torpe la estrategia de Vox porque, pese a que se abstengan los populares, se recompondrá la frágil mayoría de la investidura ahora desarbolada.

El secretario general del PSOE adoptó en noviembre de 2019 la peor decisión: coaligarse con Unidas Podemos y hacer depender la investidura –y la legislatura- de los partidos más alejados de la adhesión al sistema constitucional y a la idea solidaria que preside el pacto territorial de 1978. Tendría oportunidad de, a propósito de circunstancias sobrevenidas como la pandemia y sus consecuencias sanitarias y socio-económicas, cambiar las bases de la estabilidad política e institucional que España necesita. No lo hará. Y cometerá un terrible error porque, al final, y como la historia mediata e inmediata enseña, ERC es una formación asilvestrada y descomprometida en mantener su palabra y el PNV puede votar hoy los Presupuestos de Rajoy y censurarle a la semana siguiente como hizo en junio de 2018.

Es muy probable que, después de los destrozos perpetrados por la coalición con Unidas Podemos, Sánchez sea una víctima más de la voracidad secesionista de esos partidos. El presidente del Gobierno –aplausos aparte, ridículo al margen- debería estar advertido de los idus traidores, no sea que tenga que asumir un epílogo propio de una tragedia de shakesperiana.