- Al hilo de la polémica por la Ley Celaá que retira al español su condición de lengua vehicular, el autor reflexiona sobre el valor y la función de las lenguas.
En las páginas de este ensayo, que luego supe que era muy importante, se ofrecía una explicación científica sobre la vida: qué era, cómo funcionaba, cuál era su origen. Por lo visto, lo que definía a un organismo vivo era ser capaz de mantener su ser —evitar la variación—, desarrollarse por sí mismo —morfogénesis autónoma, decía el libro— y tener un proyecto —la llamada teleonomía.
Con las lenguas sucede algo muy parecido. Los seres humanos empiezan a entenderse cuando reducen la diversidad para encontrar un código compartido de comunicación. El genial Rafael Sánchez Ferlosio trató de hacérselo ver en su día al malogrante expresidente Zapatero, cuando le explicó que las lenguas, en plural, no estaban hechas para entenderse —el latín no está hecho para entenderse con el griego—, sino que es la lengua, en singular, la que está hecha para que los hablantes que la comparten se entiendan entre sí.
A esa lengua que sirve para que se entiendan los hablantes de lenguas distintas la llamamos koiné. Y toda koiné basa su valor como instrumento de comunicación —el único valor «propio» de cualquier lengua— en su ejecutoria como lengua aniquiladora de lenguas.
La diversidad de lenguas no es fruto de la comunicación, sino del aislamiento; no es fruto de la cultura, sino del analfabetismo
Pero ojo, también esas lenguas minoritarias «en peligro» que ahora tanto protegemos como uno de los tesoros culturales más preciosos son ellas mismas el resultado exitoso de la eliminación de cientos de lenguas, dialectos o variedades lingüísticas. Por poner un ejemplo, si algún día se consolidase el extremeñu o castúo, sería a costa de vampirizar el futuro de dialectos como el barranquenhu, el sayagués o el habla del Rebollar, frustrando la esperanza de la gente que espera vivir de ellos. Porque podemos decir que una lengua nace cuando ha liquidado las variantes que competían con ella a su alrededor. Las propias gramáticas que fijaron y normativizaron las lenguas que conocemos en algún momento de la historia y les dieron carta de naturaleza, no fueron sino instrumentos para combatir la entropía y reducir la diversidad.
¿Por qué, entonces, conceder tanto valor a esa diversidad? De hecho, la más absoluta diversidad lingüística es el estado original de naturaleza, y es conforme empezamos a alejarnos de ese punto de partida cuando empezamos a hablar de civilización.
En el grado cero de evolución, cada homo sapiens hablaba un idiolecto. En la medida en que logró hacerse entender, es decir, compartir código con un receptor, nació la primera lengua. Los seres humanos partimos de ese caos de lenguas y fuimos creando cultura a medida que pusimos orden, reduciendo la entropía primigenia. Así, los intercambios entre los pueblos y el progreso —palabra que pronto será políticamente incorrecta— fueron eliminando esa diversidad.
Porque la diversidad de las lenguas no es fruto de la comunicación, sino del aislamiento; no es fruto de la cultura, sino del analfabetismo.
Durante la mayor parte de la historia, la mayoría de los seres humanos han nacido, vivido todos los días de su vida y muerto en el seno de una tribu o pequeña comunidad y en un radio de no más de cincuenta quilómetros. Y cada cincuenta quilómetros, quilómetro arriba quilómetro abajo, en cualquier rincón del planeta, existieron diferencias dialectales lo bastante relevantes como para que, según los estándares vigentes, pudiésemos elevar esas diferencias a la categoría de patrimonio lingüístico susceptible de ser protegido, incorporado a los planes de estudios y subvencionado.
En España, para todo aquel que se empeñe en esa labor de recuperación lingüística, el esfuerzo promete ser pronto recompensado. Resulta muy tentador. Mueve colocaciones y dinero, y además resulta clave para hacer patria «chica», que pasa por ser el objetivo principal de las distintas administraciones «chicas».
Hacerle el juego a la diversidad es una estrategia clave para quienes obtienen pingües beneficios de la fragmentación
La política oficial de protección y promoción con fondos públicos de ese supuesto bien inmaterial te ofrece la correspondiente inclusión de su estudio en la Universidad del Lugar, la fundación de una Academia de la Lengua, de una Junta de Toponimia, de un Real Instituto de Estudios del hallazgo identitario en cuestión, etcétera.
Esta dinámica es perversa. Si quisiéramos solucionar el grave problema que tenemos en España con el menosprecio del español, lo primero que habría que hacer es revertirla. Sin embargo, esto es muy difícil, y no solo es difícil porque hacerle el juego a la diversidad es una estrategia clave para quienes obtienen pingües beneficios de la fragmentación, sino que es difícil, sobre todo, porque la diversidad lingüística es un tótem intocable también para muchos de quienes denuncian el maltrato que sufre la lengua común española.
Hemos podido verlo estos días en los numerosos y muy buenos artículos que se han publicado denunciando la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
En estos artículos se pasa revista a las barbaridades de la política lingüística nacionalista, que ya no podemos denominar así, pues es la propia política lingüística del Gobierno de España. Unos ponen en evidencia con una abrumadora batería de argumentos la locura que supone maltratar un bien, este sí, tan objetivamente valioso como el español, siendo el ranking del idioma el único en el que España está en el podio del planeta.
Otros artículos ponen el foco en la perversidad de unos planes de exclusión del español que fomentan la desconexión, en todos los órdenes (ruptura del mercado, fronteras burocráticas, distanciamiento emocional…) entre los habitantes de las diferentes autonomías; que convierten en ciudadanos de segunda a los hablantes de español, como lengua impropia del lugar, y perjudican gravemente sus oportunidades de promoción social y también las oportunidades de sus hijos, al condenarlos a tener un rendimiento académico mucho peor que el que obtendrían en caso de poder estudiar en su lengua materna; que coartan la libertad de sus ciudadanos atropellando sus derechos lingüísticos; que empobrecen a todos los miembros de la comunidad al mutilarla culturalmente, al provincializar su universidad, al expulsar talento de su economía, etcétera.
A menudo basta un leve gesto de discriminación positiva para provocar un grave efecto de discriminación negativa
Pero, como digo, incluso en estos textos persiste el tabú de criticar la diversidad. Ya sea como captatio benevolentiae, para ganarse el favor del lector antes de iniciar la denuncia, o al final, entretejido en las conclusiones, siempre aparece una frase en la que el autor viene a decir: «Que nadie dude, a pesar de mis críticas a ciertos excesos, de mi incondicional adhesión al mainstream que establece que la diversidad lingüística es un Bien Supremo».
A mi juicio, es esta concesión casi unánime la que posibilita que el español siga siendo maltratado, y con él sus hablantes, que son los que importan.
No es solo el Gobierno de Sánchez e Iglesias el que no tiene claro este extremo. El PP de Matas pergeñó la política lingüística que ahora está aplicando Francina Armengol en Baleares con la bendición de Biel Company, y en la Galicia de Feijóo se aplica, con mayoría absoluta, una política lingüística prácticamente idéntica a la que se aplica en Cataluña, con la única diferencia de que allí el sentimiento separatista todavía no ha cuajado.
Valorar más lo diverso que lo común es la clave del problema. A menudo basta un leve gesto de discriminación positiva para provocar un grave efecto de discriminación negativa. En Cataluña, por ejemplo, poco cambiará la situación por el hecho de que el catalán sea ahora por ley la lengua «exclusiva» de la enseñanza: ya había bastado con declararla «preferente» para que el español haya sido excluido de hecho, en la práctica. La exclusión de derecho solo eliminará la posibilidad de apelar a los tribunales.
Así que no basta con denunciar que el español no sea excluido: lo que hay que conseguir es que una mayoría relevante de ciudadanos españoles entienda que el español es el principal bien lingüístico que debemos proteger. Esa es la lengua que debe ser preferente, la lengua mejor promocionada, la lengua más subvencionada.
Hay que romper el tabú que impide restar valor a la «riqueza lingüística». Hasta que no tomemos conciencia de que las lenguas no tienen todas el mismo valor —y que muchas de ellas, en realidad, no tienen valor alguno—, no saldremos de este proceso de autodestrucción.
*** Pedro Gómez Carrizo es filólogo.