La intervención de Ángel Gabilondo no tiene pinta de haber partido de su iniciativa. Como mínimo ha contado con el asenso, si no con la inspiración, de la factoría estratégica monclovita, empeñada en consumar como sea una operación electoral encallada en los tribunales de justicia. Tras una legislatura repleta de atropellos institucionales, Sánchez no se iba a detener en las consideraciones procedimentales que han frenado hasta a la Fiscalía y que deberían frenar a Pumpido si conserva un ápice de pudor legalista. La degradación de la neutralidad de dos organismos de contrapeso como la defensoría ciudadana y la corte de garantías ha cerrado un triángulo vicioso de sumisa concertación política en el que cualquier apariencia de imparcialidad, siquiera formal, queda suprimida. Sin prejuzgar el fallo del Constitucional, aunque existen sobrados precedentes para hacerlo, es difícil descartar la idea de una intriga a tres bandas muñida a toda prisa para salvar la ‘ley de nietos’ y revocar –o más bien revolcar– al Supremo mediante unas excepcionales medidas cautelarísimas de justificación escasamente legítima.

Al margen del desenlace de la petición de amparo –que no incluye la preceptiva identificación de los afectados– , la obstrucción de Exteriores a la orden judicial de expurgar el censo promete unos comicios ensombrecidos por la sospecha de pucherazo y un probable proceso de impugnaciones ‘a posteriori’ que obligaría a una lenta verificación de datos. Ocurra lo que ocurra será ya muy difícil evitar la sensación de caos en torno al más sagrado y esencial de los ejercicios democráticos. A estas alturas del embrollo sólo lo puede resolver un resultado de contundencia inapelable en favor de uno de los bandos, un veredicto popular que aboque las eventuales reclamaciones a la melancolía de los esfuerzos vanos. Y aun así siempre quedará un prejuicio amargo de desconfianza pesando sobre un sistema innecesariamente cuestionado. Quizá el más grave de los estragos de este mandato.