EL MUNDO – 04/03/16
· Admite a trámite el escrito de la Abogacía contra la creación de la comisión constituyente.
· El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el incidente de ejecución de sentencia que el Gobierno presentó contra la decisión del Parlamento de Cataluña de crear la «Comisión de Estudio del Proceso Constituyente».
El escrito del Ejecutivo sostenía que esa actuación era un acto claro de desobediencia a la sentencia que el pasado diciembre anuló la declaración soberanista.
El Tribunal pone así en marcha por primera vez el procedimiento previsto en la reciente reforma de la ley del TC, con la que se buscó ofrecer a este órgano más medios para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.
La admisión a trámite acordada no tiene repercusión directa sobre la resolución de la Cámara autonómica. A diferencia de cuando se admite un recurso del Gobierno contra una norma, en este caso no hay suspensión cautelar de la medida recurrida. Según fuentes del Tribunal, la admisión a trámite era casi automática. Sólo se hubiera rechazado si se tratara de un escrito palmariamente infundado.
A partir de ahora el TC pasará a estudiar el fondo de las alegaciones de las tres partes que se han pronunciado en la causa: la Abogacía del Estado, la Fiscalía del TC y el propio Parlament. Antes de acordar la admisión a trámite, el Tribunal requirió informes tanto al Ministerio Público como a la Cámara autonómica para que ofrecieran su parecer sobre los argumentos expuestos por el Gobierno a través de la Abogacía.
En su escrito, la Fiscalía respalda la tesis de la Abogacía y pide declarar nula la creación de la comisión. El texto insta al TC a que advierta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de las consecuencias de incumplir la sentencia de inconstitucionalidad. En sentido opuesto, el Parlament ha alegado que la creación de la comisión de estudio «no puede ser considerada como un acto que deriva» de la resolución independentista anulada por el TC. Por tanto, «no contraviene la sentencia».
En su escrito al Tribunal con el que se puso en marcha este incidente de ejecución de sentencia, la Abogacía sostenía que la nueva comisión era «un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento».
Pese a la rotundidad de esos términos, la respuesta del Gobierno a la actuación del Parlament quedó lejos de ser la más rotunda posible. Finalmente la Abogacía no fue más allá de pedir lo mismo que ya había solicitado en el caso de la declaración soberanista: que se anule la resolución que crea la comisión y que se requiera a los afectados para que no sigan o permitan que se siga por ese camino, bajo apercibimiento de que en caso contrario afrontarían responsabilidades penales.
Así pues, de momento el Gobierno ha optado por hacer una advertencia bis en lugar de interpretar la actuación como una desobediencia clara y respaldar alguna de las medidas que contempla la nueva ley del TC, que van desde la multa hasta la suspensión de funciones de quien se considere que ha desobedecido una sentencia.
Junts pel Sí reaccionó ayer a través de su portavoz en el Parlament, Marta Rovira, que afirmó que ninguna decisión del TC frenará la comisión. «Un tribunal no puede suspender ni prohibir que unos diputados que hemos sido elegidos para debatir hagamos precisamente esto, debatir y llegar a conclusiones».
EL MUNDO – 04/03/16