EL MUNDO 23/12/14
Por mayoría. De esta forma el Pleno de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó ayer aceptar las numerosas querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat Artur Mas por convocar el «proceso participativo» del 9-N. A falta de conocerse la resolución, que se notificará a partir del 8 de enero, el tribunal considera que puede haber un presunto delito de desobediencia al Constitucional, ya que Mas mantuvo las votaciones soberanistas a pesar de la orden de suspenderlas.
Pese a esta resolución, el cerco judicial al presidente de la Generalitat puede ser aún mayor. El TSJC abre el procedimiento por esta presunta desobediencia, pero deja la puerta abierta a otros presuntos delitos que Mas pudo cometer por promover el procesoparticipativo, como la prevaricación, la malversación de fondos públicos y la usurpación de atribuciones judiciales, ya que se considera que los tres nacerían de no acatar la resolución del Constitucional.
En su querella, una de las aceptadas ayer, la Fiscalía ya apuntaba a que Mas podría haber cometido estos cuatro delitos al permitir la votación del 9-N. Además, el TSJC también investigará los actos de la vicepresidenta, Joana Ortega, por el dispositivo del proceso participativo, y de la consejera de Educación, Irene Rigau, por dar la orden de abrir los institutos para ubicar las urnas. Ambas también aparecían en el escrito del Ministerio Público.
El Pleno, formado por cinco magistrados y el presidente Miguel Ángel Gimeno, rechazó las denuncias y querellas presentadas contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, los miembros de la Mesa Anna Simó (ERC), David Companyon (ICV), Lluís Corominas y Josep Rull (CiU), así como el consejero de Interior, Ramon Espadaler, el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
El TSJC decidió tramitar algunas querellas por el 9-N interpuestas tras la resolución del Constitucional del 4 de noviembre de 2014 que suspendió la consulta alternativa sobre la independencia. Junto a ellas, también están numerosas denuncias que varios colectivos y particulares presentaron el mismo día de la votación. El TSJC decidió agrupar la causa en la querella más antigua teniendo en cuenta la resolución del TC y que fue la presentada por Manos Limpias. Así abrió la investigación por desobediencia y por «todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados», según explicaron fuentes judiciales.
El magistrado Josep Manuel Abril, uno de los designados por el Parlament, será el instructor del procedimiento, ya que se había hecho cargo de la querella de Manos Limpias. El tribunal examinó ayer siete querellas y 25 denuncias, pero no todas fueron admitidas a trámite y algunas sólo parcialmente.
Tras conocerse la decisión, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) inicia hoy una campaña de autoinculpaciones ante la sede del TSJC. La entidad indicó que su objetivo es demostrar «la solidaridad de los catalanes» con Mas, Rigau y Ortega, y denunciar «la falta de garantías democráticas del Estado». Además, la ANC pide a los ciudadanos que rellenen el documento colgado en la web autoinculpacions9n.assemblea.cat para entregarlo al juzgado de guardia más cercano y, en el caso de Barcelona, a la sede del Alto Tribunal catalán. En este documento, los firmantes admiten haber participado en el 9-N sin haber sido obligados por nadie. Dirigentes de ERC, CiU, ICV-EUiA y la CUP ya se autoinculparon en las redes sociales.