Recientemente, el Tribunal Supremo suspendía el voto de 163.000 personas que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de una instrucción administrativa ignominiosa que reescribía a su antojo la disposición adicional de la llamada Ley de Memoria Democrática, permitiendo que cualquier solicitante que se declare nieto de un exiliado sea reconocido sin acreditar tal condición. Puesto que sólo 900 de esas 163.000 personas pudieron acreditar su condición de nietos de exiliados, los otros 162.000 aprovechateguis quedaron despojados de su ‘derecho al voto’. Pero la resolución del Tribunal Supremo no tuvo entonces en cuenta que esos 162.000 aprovechateguis tienen a su vez hijos –al parecer unos 190.000– que entretanto han obtenido la nacionalidad, por ser descendientes de los que la obtuvieron de forma fraudulenta. Y cuando se ha recurrido, solicitando que los hijitos de los aprovechateguis queden también excluidos del censo, el Tribunal Supremo lo ha rechazado –aun reconociendo que «en pura lógica» la situación de ambos grupos es idéntica–, pues considera que excluir a los hijos de los aprovechateguis pondría en riesgo el desarrollo normal de las votaciones y el escrutinio. Además, el Tribunal Supremo señala que quienes solicitaron la exclusión de los papás aprovechateguis deberían haber hecho lo propio con los hijitos y no lo hicieron. Y, ciertamente, quienes recurrieron han demostrado que les preocupaba mucho más el aplauso de la ‘fachosfera’ que presentar unos recursos cabales y sin fisuras jurídicas. Pero ese error que el Tribunal Supremo no podía subsanar (pues el derecho procesal español prohíbe a los jueces actuar de oficio más allá de lo que piden las partes) no justifica la decisión completamente desquiciada que después ha adoptado.

El Derecho, ante todo, tiene que ser expresión de la razón; pues de lo contrario se convierte en pura voluntad del poder. Y si el derecho del hijo existe únicamente porque deriva del padre, validar la consecuencia mientras se anula la causa no es ser flexible con la realidad, sino romper la estructura misma de la razón jurídica. El auto dictado por el Tribunal Supremo adopta por método la arbitrariedad lógica: primero establece una regla general (exigir la prueba documental de ser nieto de un exiliado como condición para poder votar) y a continuación crea una excepción injustificada para un caso particular (los hijos de esos nietos de exiliados), apelando a una circunstancia externa (la falta de tiempo) que no altera la naturaleza del requisito original. En el ámbito del Derecho, esta fractura lógica supone una quiebra flagrante del principio de accesoriedad: «Accesorium sequitur principale» (‘Lo accesorio sigue la suerte de lo principal’). Si el derecho del hijo depende por completo del derecho del padre, suspender el principal y mantener el derivado es una aberración jurídica que no se puede sostener introduciendo elementos circunstanciales ajenos al silogismo. Si un tribunal adapta sus resoluciones a las dificultades materiales del momento, la ley deja de ser una regla universal para convertirse en un instrumento flexible al servicio de las circunstancias. Aquí no se trata de aplicar una norma con rigidez ciega («summum ius, summa iniuria»), sino de exigir que el Derecho no se contradiga a sí mismo. Y permitir votar a los hijos cuyo derecho deriva única y exclusivamente del padre al que se impide votar es una contradicción flagrante y una completa injusticia que podría justificar incluso la impugnación de las elecciones: o se deja votar a los hijitos y a los papás aprovechateguis o no se deja votar a ninguno. La ‘vía intermedia’ que adopta el Tribunal Supremo es un apaño indecente.

Existe un aforismo jurídico que suele esgrimirse contra quienes pretenden someter el Derecho a las circunstancias y oportunismos ambientales: «Fiat iustitia, et pereat mundus» (‘Hágase justicia, aunque perezca el mundo’). Naturalmente, desde esta tribuna no defendemos este rigorismo ciego, que puede ser contrario al bien común. Kant criticó la interpretación literal del aforismo, argumentando que la verdadera justicia nunca puede acabar con el orden humano, sino tan sólo contra quienes tratan de destruirlo; y reformuló el principio de este modo: «Hágase justicia, aunque perezcan todos los bribones que hay en el mundo». Que son, en efecto, quienes deben ser combatidos. Y en el caso concreto que nos ocupa los bribones son quienes a través de una instrucción administrativa ignominiosa han adulterado el censo y pretenden perpetrar un pucherazo.

Sacrificar un principio de Justicia para evitar problemas prácticos (que, en todo caso, están provocados por negligencias y dolos administrativos previos) equivale a destruir la razón jurídica. Por supuesto, los jueces deben regirse, en su aplicación del Derecho, por la prudencia; pero esa prudencia no puede respaldar la irresponsabilidad (seguramente dolosa) de quienes han concedido nacionalidad española a personas que no acreditaron la condición que se les exigía para obtenerla. Amparando esa irresponsabilidad (seguramente dolosa), están prevaricando; y lo hacen, además, de forma arbitraria, dejando votar a un grupo mientras excluyen a otro que se halla en idéntica situación jurídica. Pues tratar de forma desigual a iguales quiebra la esencia misma de la justicia.

«Ex nihilo, nihil fit» (‘De la nada, nada surge’). Si el título jurídico del progenitor no ha sido acreditado, el título del descendiente no existe. Aquí no estamos reclamando una aplicación ‘desencarnada’ de la ley, sino todo lo contrario: en la realidad material y biológica, el hijo es nacional español porque lo es su padre. La resolución del Tribunal Supremo, en cambio, crea una realidad artificial y esquizofrénica donde el efecto sobrevive a la suspensión de su causa. Tampoco somos formalistas ciegos, que aboguen por una aplicación a rajatabla de la ley desentendida del bien común; por el contrario, defendemos que la ley nos proteja de los bribones que desean destruir el bien común, mediante un pucherazo que altera la paz social y la estabilidad de las instituciones.