“¿Qué piensa Cristo de los que no trabajan y viven a costa del esfuerzo de los demás?”, se preguntaba el padre Barrie en la Ley del silencio tras el asesinato de un estibador a manos de la mafia sindical del puerto. Además de la corrupción y el comportamiento mafioso de ciertos sindicatos del crimen, la industria cinematográfica también ha llevado a las pantallas la lucha de algunos sindicalistas que arriesgaron su vida por los derechos de sus compañeros; sin embargo, los dos que conocí en la vida real estaban muy lejos de ser working class heroes.

Uno de ellos llevaba desde los 18 años en una gran empresa pública —de esas que están colonizadas por sagas familiares— y sólo trabajaba cuando el jefe estaba mirando. Su única aspiración en la vida había sido jubilarse, y cuando diez años antes de tan ansiado momento la compañía fue privatizada, puso sus esperanzas en la prejubilación: a los nuevos propietarios les resultaba más rentable pagarles para que se quedaran en casa.  Mientras, quiso meter a su hijo en el negocio como mandaba la tradición, pero  le informaron de que las cosas habían cambiado y de que la sangre de su sangre tendría que someterse a las mismas pruebas que cualquier otro candidato. El chaval no las superó, y cuando su padre se dejaba caer por mi librería, se lamentaba de la injusticia de que su vástago tuviera que buscarse un trabajo exactamente igual que los míos.

Pegarse la vida padre

El otro sindicalista tenía estudios universitarios y había llegado bastante joven a director de sucursal bancaria, pero no tenía hijos ni estaba casado, y cuando cumplió 40 decidió que era una lata el trabajar y todos los días tenerse que levantar, de modo que trazó un plan para sacudirse aquel engorro de encima. Para un cínico inteligente y carismático como él, hacerse un hueco en su sindicato fue pan comido, y no tardó mucho en alcanzar la condición de liberado: no volvería a trabajar jamás. Salía casi todas las noches de farra, nunca se levantaba antes de las diez y siempre estaba moreno porque viajaba con frecuencia a lugares exóticos. Lo peor era que, cuando alardeaba de la vida padre que se pegaba a nuestra costa, la mayoría de la gente le envidiaba.

Aunque me gustaría creer que no todos los sindicalistas son así, sospecho que el el dinero público que reciben favorece que en ellas aniden los más vagos, los más corruptos e incluso lo más matones. Tampoco parece que los intereses de los trabajadores sean su prioridad ni que, en realidad, sientan la más mínima empatía hacia ellos.  Tras la reforma laboral de Rajoy contra la que hicieron la última huelga general —lo de esta semana tiene otro nombre—, UGT puso de patitas en la calle a trabajadores que llevaban mucho tiempo con ellos; y no lo hicieron con las condiciones anteriores a la reforma para predicar con el ejemplo, no, sino aprovechando el abaratamiento del despido contra el que se habían movilizado. Todavía recuerdo el estupor de un conocido, un pobre auxiliar administrativo que había trabajado 20 años para el sindicato, al verse en la calle con la misma indemnización que le hubiera dado un empresario explotador.

Agencias de colocación

No sé por qué en otros países los sindicatos dependen exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y, en cambio, en España parasitan al Estado. Supongo que responde a la lógica de la partitocracia de la que somos cautivos: los partidos políticos son agencias de colocación y los sindicatos, mercenarios de la izquierda. Entre gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales, desde 2018 han recibido casi 569 millones de euros. Sánchez ha sido, con mucha diferencia, el presidente más generoso con ellos, por eso han estado callados 8 años mientras veían cómo nos empobrecíamos.

En una verdadera democracia, ese unicornio, los sindicatos no deberían existir: de las necesidades de los trabajadores deberían encargarse los políticos, que para eso les pagamos. Pero entiendo que aún no estamos preparados para ese debate. Y como mientras haya gobiernos progresistaslos sindicalistas clásicos no harán ruido, ahora sufrimos, además, el activismo agresivo de los sindicatos de gente que no trabaja, como el de estudiantes y el de inquilinas; a los que nadie ha votado. Aun así, las dos portavozas de las inquilinas hablan como si tuvieran un mandato del pueblo para eliminar la propiedad privada.

Alicia del Río, esa desequilibrada que se dirige a nosotros con una soberbia insultante y amenazadora, mete miedo a inmigrantes y a miembros del colectivo LGTBI asegurándoles que, si gana la derecha, los llevarán a una celda y les meterán un tiro en la nuca. Y Valeria Racu, clon de Ada Colau, se encarga de meternos miedo a todos los demás: ha prometido en TVE que, si no se hace lo que ella dice, nos traerá más violencia a las calles. No tengo la más mínima duda de que si el PSOE pierde el poder, los sindicatos de clase se unirán a la fiesta. Si hay elecciones —tanta amenaza de mochila bomba no presagia nada bueno— y Sánchez se tiene que ir de Moncloa, hará falta un gobierno al que no le tiemblen las piernas.