El triunfo de la legalidad

Firmeza institucional Mas se ha encontrado un Gobierno firme, un TC unánime y la oposición de la mayoría del Congreso

«Ley y diálogo». Esas son las dos palabras que resumen la estrategia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el reto que el Gobierno catalán, con Artur Mas a la cabeza y varios partidos a su lado, planteó a la soberanía nacional en diciembre de 2012. La consulta independentista anunciada a bombo y platillo para el 9 de noviembre ya no se celebrará, después de que el presidente de la Generalitat haya asumido que carece de encaje legal.

Este baño de realidad, que hace tambalearse la estructura de pactos de la política catalana de los últimos dos años, supone el triunfo de la legalidad vigente: la Constitución Española no admite que el Gobierno de una comunidad autónoma convoque un referéndum para preguntar por la independencia del Estado. Ni más, ni menos.

Fenómeno de ida y vuelta
Desde que Mas se liara la manta a la cabeza y decidiera anunciar la convocatoria de la consulta, la respuesta del Gobierno de Rajoy ha sido siempre la misma: no es posible preguntar unilateramente a los ciudadanos sobre un asunto que afecta a la soberanía nacional, que reside en el pueblo español.

Sin embargo, en aquellos primeros momentos, los cantos de sirena del independentismo concitaron una unanimidad aparentemente sólida de los partidos nacionalistas de Cataluña: CiU, ERC, ICV y los recién llegados de la CUP, rodos a una por una Cataluña independiente. Todos a una contra un enemigo común: España. Poco importó la fractura social del pueblo catalán, nada importaban los ciudadanos contrarios –o simplemente ajenos– al independentismo. En el «Parlament», la frontal oposición del PPC y de Ciudadanos quedaba, además, arrinconada por la equidistancia de un PSC en investipermanente proceso de autodefinición. Esa posición aparentemente uniforme del bloque independentista situaba el foco de las tensiones en un pretendido choque entre Cataluña y España, entre el Gobierno autonómico catalán y el Gobierno español. O esa era, al menos, la intención de quienes amenazaban con saltarse la legalidad. Planteado el desafío, todas las miradas se centraban en el presidente del Gobierno. Pero lejos de entrar al trapo, y fiel a su estilo, Rajoy decidió rehuir el cuerpo a cuerpo. Durante este tiempo, con el frente catalán manteniendo el pulso, algunas voces llegaron a responsabilizar a Rajoy de dar alas al independentismo al no atajar el problema de raíz; pero el presidente del Gobierno no se inmutó, al menos públicamente.

Ya en 2013, el transurrir de los meses propició dos importantes apoyos institucionales al Gobierno. En marzo, el Tribunal Constitucional declaró nula la declaración de soberanía del Parlamento catalán con duros argumentos jurídicos y con una apabullante unanimidad que en asuntos políticos suele ser poco común. Cataluña no es un sujeto político soberano, zanjaron los magistrados. Unas semanas después, fue el Congreso quien despachó la solicitud de tres diputados autonómicos catalanes de transferir a Cataluña las competencias para convocar un referéndum sobre su futuro político colectivo. Firmeza en el fondo, exquisitez en las formas.

Las pretensiones secesionistas alentadas por CiU, ERC e ICV chocaban una y otra vez con la arquitectura constitucional española. Además, a la tozuda legalidad vigente se fueron sumando uno a uno los baños de realidad de las instituciones internacionales: la Unión Europea y la OTAN, principalmente, dibujaron con meridiana claridad el futuro de una Cataluña independiente: fuera del euro, sin Ejército y aislada en la comunidad internacional.

Consulta convocada
Transcurrido el verano, y a medida que se acercaba el momento de tener que convertir el anuncio en realidad, las tensiones entre los convocantes de la consulta se fueron haciendo más y más grandes. Aún así, el Parlamento catalán aprobaba la ley el 19 de septiembre y ocho días después Artur Mas firmaba el decreto de convocatoria de la consulta. El órdago, ahora sí, estaba echado.

Sin embargo, desde el Gobierno se mantuvo la calma y se reaccionó según lo establecido en la ley. Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario para recurrir de inmediato ante el Tribunal Constitucional tanto la ley de consultas como la convocatoria de la votación. Sólo el hecho de presentar el recurso fue motivo suficiente para su suspensión cautelar. Aún así, el Constitucional tomó una nueva decisión unánime: admitir a trámite ambos recursos. Además, lo hizo con inusitada rapidez, una hora y tres cuartos.

Una vez que la legalidad ha tumbado las pretenciones de Artur Mas y sus socios en la carrera independentista, llega el momento de la segunda parte de la ecuación, el diálogo. Como dijo el presidente Rajoy en su comparecencia ante los medios tras presentar los recursos, «estamos a tiempo de enderezar el rumbo».